Chiquito follón el que se ha levantado con la presentación, por Ben Magec y la Federación Ecologistas en Acción, de un contencioso administrativo contra el Plan Territorial de Infraestructuras del Tren del Sur. La Cámara de Comercio de Tenerife, bueno, más bien su presidente, Ignacio González, ha montado en cólera y larga cosas como esta: "[la presentación del contencioso es] un episodio más de la estrategia de boicoteo permanente que lleva a cabo un grupo minoritario e irresponsable de personas, que está empeñado en taponar las vías de desarrollo y creación de empleo que se abren en Tenerife".

Por su parte, el responsable directo insular del asunto, el consejero de Economía y Competitividad del Cabildo tinerfeño, se ha permitido acusar a Ben Magec de ser “casi una secta, que intenta presentar su verdad como absoluta, que no admite debate, cuya postura es no y no. Su actitud es totalitaria” y de “mentir a la hora de argumentar que el Cabildo carecía de competencia ferroviarias y no había solicitado el impacto de evaluación ambiental para el proyecto. Sus argumentos son de extrema izquierda”.

Pues no parece que el ejercicio del supremo derecho democrático, que es disentir y acudir con pruebas a los tribunales, sea un ejemplo de boicoteo, de irresponsabilidad y de actitudes totalitarias. Todo lo contrario. Más bien habria que pensar que recurrir a la justicia, para que dirima la discrepancia, no es precisamente un intento de presentar su verdad como absoluta. Lo que están haciendo Ben Magec y la Federación Ecologistas en Acción es ejercer su derecho a exigir que las obras públicas se ajusten a las leyes.

Porque a mí me luce que se pretende ocultar que estas organizaciones ecologistas no han impedido nunca absolutamente nada ni pretenden hacerlo. Las trabas a ciertos proyectos las ha puesto siempre, porque no cabe que fuera de otra forma, quien puede hacerlo. Un juez. A mí me causa estupefacción que, los mismos que argumentan contra la menor objeción que se acuda al juzgado, luego, cuando alguien efectivamente lo hace, es blanco de sus peores invectivas. Y conste que lo de “extrema izquierda” que dice Alonso, me suena invectiva por lo de extrema, no por lo de izquierda. Lo que sí resulta totalitario es pretender que nadie pueda cuestionar ninguna actuación oficial. Que a todo lo que se haga se diga amen.

Personalmente, yo estoy de acuerdo con el tren y estoy de acuerdo con el desarrollo. Coincido con el consejero Alonso en que puede ser una solución limpia y relativamente poco costosa al problema del transporte. Siempre que hablemos de mercancías, porque para la movilidad de las personas la única solución posible es que la gente viva cerca de donde trabaja. Pero bueno, aceptamos lo del tren, como alternativa posible. Pero, oigan. Ni aquí ni nunca el fin puede justificar los medios. Hágase el tren en buena hora. Pero siempre y solamente cuando se demuestre sin posibilidad de duda que el proyecto cumple todas y cada una de las condiciones legales exigidas. Condiciones legales entre las que ocupan un lugar fundamental las de defensa medioambiental. Y quede claro que tales normas de protección del patrimonio natural colectivo las ha impuesto el parlamento, no los ecologistas. Y, como digo, también estoy de acuerdo con el desarrollo, siempre que se traduzca en una mejora del nivel de vida general, no solamente del de unas pocas personas. Los recientes acontecimientos económicos han demostrado que el desarrollo que preconiza el presidente de la Cámara tinerfeña no ha sido capaz de conseguir una calidad estable de vida para todo el mundo. Por tanto, habrá que buscar otros modelos. El desarrollo que defiende el presidente cameral y sus socios sin duda les permite mejorar tremendamente los resultados de sus empresas, pero el beneficio no repercute hacia la gente común. Por eso ellos lo defienden tanto. Por eso muchos lo atacamos tanto.

Volviendo al asunto del tren. Con independencia de lo que puedan pensar de este medio de transporte, lo cierto es que la gente de la Federación Ecologistas en Acción no ha cuestionado al tren en sí mismo, sino a la manera eh que se ha diseñado y gestionado administrativamente el proyecto. Pretender lo contrario y descalificar al adversario en lugar de contestar sus argumentos, es una artimaña malvada para distorsionar la realidad.

Y termino preguntando ¿si el consejero insular está seguro de que el proyecto del tren cumple todos los requisitos legales, por qué reacciona con semejante virulencia a este contencioso? ¿Tiene algo qué temer? Digo yo que esa es la cuestión que debería abordar, en lugar de vituperar de semejante manera a una organización que lo único que ha hecho es ejercer de la forma más democrática y respetuosa con las leyes su derecho a disentir.

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ACTUALIDAD, Juan Martín Vega opinión