FIRMAS Salvador García

OPINIÓN | Oposición de la FAPE | Salvador García Llanos

Ione Belarra, una de ls protagonistas de los insultos a la prensa en la semana pasada.
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La tensión se palpa. La relación de una parte del universo mediático con el poder político se va tensando, de tal manera que, enquistada, va a ser difícil que no degenere. Las posturas se van enconando, entre  principios ideológicos e intereses empresariales que se defienden a capa y espada, verbal y audiovisualmente. La tendencia individualizada al protagonismo de unos cuantos profesionales a los que no importa elevar el listón crítico hacia el gobierno y los sustratos progresistas, como si se hubiera preestablecido un meritoriaje para más ingresos publicitarios y, por consiguiente, mejores retribuciones o incrementos en cuantías de contrato, esa tendencia, decíamos, tampoco ayuda.

El caso es que en debates y foros políticos ya es frecuente escuchar y leer reproches. En primera persona. Cada quien aporta su versión, desde luego. Porque nadie está en posesión absoluta de la verdad. Y  porque siempre es difícil determinar quién arrojó la primera piedra. Si los jueces, como se ha dicho, también tienen su corazoncito, unos cuantos profesionales de la comunicación tampoco se ocultan para expresar sus preferencias y sus inclinaciones.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha rechazado de forma categórica, tras el debate parlamentario de la pasada semana, los señalamientos a periodistas que se realizaron de forma reiterada desde la tribuna del Congreso de los Diputados por parte de algunos representantes políticos, cuyo último caso se ha producido con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Según un comunicado, la FAPE, que respalda un comunicado de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) repudia que algunos políticos acusen a profesionales de la información de mentir sin que haya pruebas fehacientes de ello y porque se considera que las informaciones son críticas con su formación.

En ese sentido, la FAPE respalda a la APM en el sentido de que descalifica la propuesta de Belarra de que “hay que atar corto” a los que califica de “periodistas corruptos”, lo que no tiene cabida en una sociedad democrática, y se suma a sus palabras respecto a que la sociedad española cuenta con suficientes medios para actuar cuando haya indicios de que se producen casos de corrupción, sin necesidad de atentar contra la libertad de expresión.

La FAPE, igualmente, resalta la necesidad de respetar el derecho a la libertad de información recogido en el artículo 20 de la Constitución Española y aprovecha para pedir a los partidos políticos que ayuden a terminar con la crispación política que fomenta la desinformación y vulnera ese derecho a la información veraz.

Por último, en el mismo comunicado, la FAPE recuerda que existe la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo para elevar a su evaluación cualquier actuación que se considere una vulneración de los principios éticos de la profesión. En el mismo sentido, subraya la posibilidad de acudir a la vía judicial en el caso de prácticas que se consideren delictivas y hacer que funcione el Estado de derecho.

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