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TACORONTE | El sindicato del actual jefe de policía local piensa denunciar a la alcaldesa y la concejal del área por posible prevaricación

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Los abogados que representan a Gabriel Medina reclamarán ante los tribunales todo aquello a lo que tenga derecho y los perjuicios personales y familiares causados por su cese

EBFNoticias |

La Jefatura de la Policía Local de Tacoronte se sigue ejerciendo de manera provisional como ya se venía llevando a cabo en los últimos 7 años, pero sin el modelo aprobado por decreto de la alcaldesa a principios de año, que estableció un procedimiento de alternancia por el que, cada 5 meses se pondría a un oficial diferente al frente. 

La fórmula elegida por la mandataria municipal se implantó tras el cese  fulminante del anterior responsable del cuerpo de seguridad local, Gabriel  Medina, quien fue destituido bajo el pretexto de Sandra Izquierdo (PSOE),  de querer resolver una «irregularidad», para lo que estableció un turno con  el cual, Medina debía alternarse el cargo con otro oficial, que en la  actualidad es la pareja de la primera teniente de alcalde, Noemí García  (CC), y cuyo nombramiento ha sido anulado hace escasas fechas por los  servicios técnicos municipales. 

En el informe técnico se ha estimado el recurso que presentó Medina y se señala que se tienen en cuenta las consideraciones jurídicas expuestas, anulando los decretos de cese y nombramientos adoptados y, “retrotrayendo las actuaciones al momento anterior de la emisión de los mismos”. 

De esta manera, quien venía ejerciendo la jefatura durante 7 años, ha vuelto a su cargo, y la formación sindical que le ha venido defendiendo, así como su equipo de abogados, ya han señalado que “están estudiando las posibles ilegalidades cometidas en este proceso, así como las consecuencias de los ataques personales y familiares sufridos por el oficial de policía”. En este sentido, estudian el inicio de acciones judiciales “para depurar la posible comisión de un posible delito de prevaricación”, puesto que, indican, “se advirtió desde el inicio, que estos cambios, firmados por la alcaldesa, no se atenían a derecho”. 

Esta tesis es compartida también por los abogados de la organización UNIJEPOL, que representa a nivel nacional a los jefes de las policías locales de todo el país, entidad que no solo advirtió a los responsables municipales de las posibles irregularidades de las medidas tomadas contra Gabriel Medina, sino que consideró que este asunto debería ser puesto en conocimiento de las autoridades judiciales para depurar cualquier duda legal. En este caso, desde AJESPOL se ha señalado que, la actuación de los promotores de los decretos de cese y nombramiento, al margen de los recursos de reposición interpuestos, “habría que actuar directamente en los juzgados para esclarecer la posible comisión de presuntos delitos». 

La representación sindical señala que, “tanto Sandra Izquierdo, como la concejala de Seguridad y Policía Local, Vanesa Luis-Ravelo (CC), aseguraron en diferentes intervenciones en prensa, que la situación del entonces jefe de Policía era ilegal”. Al respecto, indican que: desde el nombramiento con carácter accidental de Gabriel Medina, durante los años que ejerció, no se convocó la plaza de subinspector ni de inspector, y que el afectado solicitó su convocatoria en un total de 11 ocasiones, sin recibir respuesta en todos esos años. 

Es ahora, en el presente mandato, en el que se conforma un Gobierno de  coalición con el PSOE, CC y PP, en el que, “formando parte de los  acuerdos de mandato, la candidata de CC y primera teniente de alcalde,  expone como prioridad la incorporación de su pareja como nuevo jefe de la  Policía Local, quien hasta ese momento ejercía de oficial en la Policía  Local de Las Palmas, destino al que se incorporó después de ejercer en  Tacoronte”. 

Esta maniobra de regreso del oficial y su posterior nombramiento, ha sido un “atropello sin sentido, atacando  directamente a una persona y a un trabajador municipal”, con una decisión  que se adopta tras el apoyo del sindicato CSIF, cuyo representante en el  consistorio, “lejos de ir en favor del funcionario y el compañero, presenta  una solicitud en la que reclamó la destitución del jefe de la Policía Local  por considerar que su situación es ilegal, tal y como también habían  defendido la alcaldesa y la concejala de Seguridad”. Con relación a esta postura, el delegado sindical del CSIF sustentó su reclamación “en la Ley de Coordinación de Policías Locales, que establece que un nombramiento provisional no se debe mantener durante más de dos años, porque se debe consolidar la plaza” pero argumentan que, en este caso, no se ha convocado dicho concurso.

Además, en dicha acción se invoca al artículo 9 de un acuerdo marco, con funcionalidad entre los años 2003 al 2006, por lo tanto, derogado, en el que se dice que a los funcionarios de administración pública se les puede aplicar dicho artículo, en caso de que la plaza no esté cubierta, supuesto que, según los representantes de Gabriel Medina, no es acorde con la condición de la Policía Local. 

“La respuesta de la alcaldesa ha sido quitar al oficial que ejercía de manera provisional, y dando opción al otro oficial que se había incorporado, por medio de un decreto plagado de errores e inexactitudes, con una intención provocada por los acuerdos del pacto de gobierno más que por solucionar la eventualidad de la jefatura de la Policía”. En este sentido, los abogados del afectado señalan que las acciones se deben centrar en “la alcaldesa, Sandra Izquierdo, quien no solo ha mentido, sino que no ha cumplido con nada de lo que había dicho que llevaría a cabo, como el anuncio en prensa de que en 4 meses tendría convocada la plaza”, al igual que en la concejala del área, quién ha dado validez a una decisión que ha afectado al por entonces jefe de Policía. 

Ante esta situación, y los perjuicios ocasionados, el afectado ha anunciado que emprenderá todas las acciones a su alcance para reclamar lo que al jefe de la Policía Local le corresponde, “ya sea por daños morales, a la imagen, a la familia, o por actuar a sabiendas de que se sabía que era contrario a la ley vigente». 

Se trata de una destitución “sin contemplaciones ni diálogo previo, salvo para decir que cada uno estaría 5 meses en el cargo, máxime cuando el oficial nombrado para compartir el puesto con Gabriel Medina ejercía en Tacoronte con un plazo estipulado si no consolidaba la plaza, que ya se ha superado desde el pasado mes de febrero, lo que supone otra irregularidad más en todo este proceso”. 

Los representantes legales de Gabriel Medina ya han solicitado la documentación para conocer cuál es ahora la situación del oficial que había pedido su incorporación, puesto que, indican, “sobre esta persona hay dudas razonables respecto a sí está ejerciendo conforme a la norma, puesto que vino con una temporalidad que ya se caducó hace tres meses”.

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