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Según denuncian las dos patronales canarias de la construcción, «El Gobierno Autonómico, anunció este jueves que, a pesar de no existir unanimidad en el Ejecutivo Regional, aprobarán el llamado Decreto “del teletrabajo”, lo que supone una seria amenaza, y lo hace, a sabiendas de la controversia que suscita: Diputado del Común, el propio Vicepresidente del Gobierno y el líder de ASG, Casimiro Curbelo, suscriben lo que saben que es el sentir de los ciudadanos y empresas e incluso se apunta la más que probable y recusable quiebra de derechos constitucionales de acceso a los servicios públicos».
Ambas patronales destacan las principales anomalías actuales, siendo estas:
- Fondos europeos que no se ejecutan.
- Deficiente ejecución de los presupuestos públicos.
- Retraso en los pagos.
- Atención tardía (Cita previa).
- Retraso intolerable en la emisión de autorizaciones y licencias.
- Inversiones paralizadas durante años.
- Etc.
Petición
La petición unánime de los empresarios del sector, para que los funcionarios, que estén en servicio, en departamentos relacionados con procedimientos o expedientes del sector de la construcción, se incorporen inmediatamente a sus puestos de trabajo presencialmente, ya que el atasco actual, es monumental en la resolución de los expedientes o licencias, con retrasos de varios años. El teletrabajo, no ha servido, las demoras así lo demuestran empíricamente, distorsionando las relaciones normalizadas entre Administración y administrado, que han desaparecido, con el consiguiente retardo de cualquier diligencia. Seguir así, significaría provocar el cierre de muchas empresas, sobre todo pymes, microempresas o autónomos locales y la perdida de miles de puestos de trabajo, desencadenando la paralización del motor y locomotora de la economía canaria, como es el sector de la construcción. El teletrabajo, ha llegado más pronto de lo esperado, como consecuencia del confinamiento por la COVID-19.
Es el presente, todavía mal asimilado en las Administraciones Públicas y por supuesto, la apuesta de futuro. No estamos en contra de su implantación, sino de como se está haciendo, un verdadero fiasco. Por lo menos, hasta ahora, se ha demostrado que no es eficiente, ya que no cuenta con una cuantificación o medición precisa de la productividad de los funcionarios que se quedan en su casa. La Administración Pública funciona peor que nunca, lo que revela que el teletrabajo, no ha sido ningún aliciente para mejorar, todo lo contrario, si antes estábamos mal, ahora la situación es insostenible. Los teléfonos a los que nos dirigen para pedir cita, generalmente no contestan o están comunicando permanentemente.
Las plataformas digitales de los distintos servicios o departamentos, la mayoría del tiempo están fuera de servicio o caídas, acceso restringido y cita previa indignante. Los Edificios Múltiples y demás dependencias públicas, se parecen a tiendas de muebles en saldo, que cuesta un dineral mantener completamente vacíos. Tanto AECP, como FEPECO, señalan que el teletrabajo es un procedimiento de trabajo útil en casos concretos, pero los derechos de los trabajadores públicos no pueden estar por encima de los derechos de la ciudadanía y del sistema productivo y se preguntan, esperando respuesta del Gobierno de Canarias.
Preguntas
1.- ¿Qué medidas se han anunciado de control de la productividad?
2.-¿Se va exigir ratios de resolución de expedientes diarios?
3.-¿Se va a controlar la cantidad y calidad del trabajo realizado?
4.-¿Se van a acotar plazos de resolución?
5.-¿Se tomarán medidas disciplinarias en caso de incumplimiento?
6.-¿Habrá control horario?
7.- ¿Existe un protocolo de productividad, redactado y aprobado?
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