FIRMAS Salvador García

OPINIÓN | Foro contra la desinformación | Salvador García Llanos

Foto: Adobe Stock

La lucha contra la desinformación continúa. Ya hemos dicho que ese hecho requiere motivación y constancia, que no se agota en una serie de artículos reportajes sino que precisa de compromiso y actitud de los propios periodistas y de la firmeza con que las empresas editoras se tomen el fenómeno que, por supuesto, daña al periodismo y a la propia democracia.

La Unión Europea (UE) ya ha mostrado su predisposición para afrontar este fenómeno y ha tomado iniciativas para luchar contra la desinformación que trata de modificar comportamientos sociales sesgando y polarizando a la opinión pública en determinados asuntos, como se ha podido probar en América, Reino Unido y otros escenarios de convocatorias electorales, como fue la poco célebre del ‘brexit’. La UE quiere que la sociedad civil se implique en las acciones que lleve a cabo.

En nuestro país, el departamento de Seguridad Nacional puso en marcha un foro informal con participación de sectores relacionados con la desinformación, desde el mundo de la comunicación audiovisual a las organizaciones de periodistas, pasando por los principales verificadores privados y públicos de las llamadas noticias falsas. Ahora, el Gobierno avanza con un paso más y, como ha confirmado el diario digital infoLibre da estabilidad a esa mesa de trabajo mediante una decisión adoptada en el Consejo de Ministros del pasado martes por la que se acaba de crear un foro estable contra las campañas de desinformación en al ámbito de la Seguridad Nacional. Un espacio destinado a canalizar la colaboración público-privada y a través del cual plantear iniciativas “para fomentar el conocimiento de la amenaza de las campañas de desinformación y la realización de actividades conjuntas y participativas”. El foro ha quedado adscrito al Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Es decir,  el sector de la comunicación audiovisual, periodistas, grupos de verificación, publicistas, universidades, consumidores y expertos tendrán voz en un espacio de discusión adscrito al Departamento de Seguridad Nacional. El Ejecutivo quiere apoyarse en este foro para promover y elaborar estudios e iniciativas que permitan aumentar el conocimiento y la sensibilización de la sociedad acerca de los riesgos y amenazas de la desinformación.

Fuentes del Ministerio de la Presidencia subrayaron al citado digital que el Gobierno de España está en este asunto “perfectamente alineado con la Comisión Europea (CE)”. En opinión del Ejecutivo, ”lo mejor es ir de la mano de los expertos que conocen el sector, de ahí la composición del grupo”, a la que nos referiremos más adelante.

El Gobierno quiere que el foro, que tomará sus decisiones por mayoría de dos tercios pero que aún no ha comenzado a trabajar, le ayude a promover y elaborar estudios e iniciativas que permitan, directa o indirectamente, aumentar el conocimiento y la sensibilización de la sociedad acerca de los riesgos y amenazas generados por las campañas de desinformación susceptibles de comprometer la Seguridad Nacional, así como sobre el esfuerzo de los actores y organismos implicados en su salvaguarda y la corresponsabilidad de todos en medidas de anticipación, prevención, análisis, reacción, resistencia y recuperación respecto a dichos riesgos y amenazas.

¿Quiénes componen este foro que se avecina? Dando por buena la información de infolibre, en la nueva entidad tendrán asiento seis representantes de la administración y diez de la sociedad civil bajo la presidencia del responsable del Departamento de Seguridad Nacional. La secretaria de Comunicación de Moncloa nombrará un vicepresidente y habrá vocales en representación de los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Defensa, Interior y Asuntos Económicos y Transformación Digital.

La parte de la sociedad civil representará a las asociaciones del sector de la comunicación audiovisual, a las asociaciones de periodistas, a propuesta de la que tenga “mayor representación a nivel nacional”, y de las organizaciones independientes de verificación —también a propuesta de la asociación de periodistas que el Gobierno decida que tiene “mayor representación a nivel nacional”.

También tendrán asiento las universidades, el sector industrial digital, los publicistas, el Consejo de Consumidores y Usuarios y varios expertos: uno en inteligencia artificial, a propuesta del CSIC, otro en análisis sociopolítico a iniciativa del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y un tercero con conocimientos en análisis estratégico en materia de seguridad nacional que será designado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos.

El foro podrá crear grupos de trabajo con el objetivo de llevar a cabo el estudio y análisis de temas específicos a los que se podrán incorporar, a su vez, expertos en la materia.

Fernando Varela publica en infolibre, que en lo que popularmente se conoce como fake news o noticias falsas, el Gobierno entiende lo mismo que la Unión Europea: la difusión de “información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público”. Lo que significa que se trata no sólo de información falsa sino que “deliberadamente” se difunde para lucrarse o “engañar” a la población.

Varela enfatiza: “De hecho, la iniciativa española no es más que una trasposición de las recomendaciones de la Unión Europea para luchar contra la desinformación, cuyo origen se remonta a 2018, cuando encargó a los Estados miembros la creación de “un sistema de alerta rápida para avisar instantáneamente sobre campañas de desinformación a través de una infraestructura tecnológica específica”. Respetando “estrictamente la libertad de expresión” e incluyendo “controles preventivos que eviten su uso indebido” para, por ejemplo, censurar “contenidos críticos, satíricos, discrepantes o escandalosos”.

Fernando Varela habla también de adoptar medidas “para la identificación, mitigación y gestión de los riesgos que suponen para los procesos electorales los ciberataques y la desinformación” que sirvan también para fomentar “la educación y de la alfabetización mediática”, así como a apoyar “un periodismo de calidad como elemento fundamental de una sociedad democrática”. Pero también para desarrollar “actividades de difusión adecuadas” capaces de “contrarrestar las falsas narrativas”.

En fin, primeros pasos serios y concretos para que el ejecutivo se apoye en un foro que promueva y elabore estudios e iniciativas que favorezcan el aumento del conocimiento y la sensibilización de la sociedad acerca de los riesgos y amenazas de la desinformación.

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