FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | El bofetón merecido | Francisco Pomares

Es lo que tiene la inquina manifiesta: que a veces provoca situaciones que conducen al ridículo. El senador Santiago Pérez, por designación parlamentaria a propuesta del PSOE, concejal de Urbanismo merced a un acuerdo suscrito por su agrupación –Avante- con el PSOE de La Laguna, es un hombre que presume de saber de Derecho Constitucional. Y puede que de esa rama del Derecho sepa algo, pero de Derecho Administrativo no parece tener ni zorra. La instrucción del caso que afecta al alcalde de La Laguna por obras irregulares en su vivienda, fue despachada por la Gerencia de Urbanismo de La Laguna, de la que es responsable el concejal, congelando la tramitación del expediente sancionador al alcalde Luis Yeray Gutiérrez, por aquella intervención en su casa que los técnicos de urbanismo consideraron ilegal y no legalizable. Ante el retraso en el inicio del expediente sancionador, el concejal Alfredo Gómez, denunciante del caso, había solicitado a la Gerencia que explicara los motivos del retraso, que Pérez contestó con altas dosis de chulesca suficiencia, alegando que el trámite sancionador contra el alcalde no puede ser considerado urgente, y que –no siéndolo y careciendo Urbanismo del personal necesario para ocuparse de un asunto no prioritario-, se optaba por dejar la sanción en stand by.

Se trata de uno de los argumentos más peregrinos jamás esgrimidos para frenar un procedimiento: que el asunto no es urgente y que en Urbanismo tienen mucho lío para ocuparse de un asunto que el concejal entiende que no urgente. Un pequeño acto de favoritismo pueblerino, de un concejal probablemente agradecido a su alcalde, acto que el secretario general del Ayuntamiento ha considerado nulo de pleno derecho, en un informe al pleno absolutamente demoledor. El informe surge como resultado de la petición de la oposición lagunera –ante la cacicada del senador y gerente de Urbanismo- de celebrar un pleno extraordinario, para discutir la tramitación del expediente sancionador a la obra del alcalde, y también a la del presidente del Parlamento, Gustavo Matos, que estaba ya fuera de este lío, pero pasaba el hombre por allí y vuelve a verse envuelto en este asunto surrealista por la mamarracha jugadita de Pérez.

Creo haber dicho ya que no me parece razonable que una obra sin licencia reciba la misma condena pública que una evasión fiscal o un latrocinio. Eso es un exceso majadero, que demuestra el deterioro creciente del sentido común en el que andamos instalados. Pero me parece una desfachatez, que podría llegar a ser considerada incluso delito de prevaricación, generar privilegios por razón de amistad, cargo o afinidad política. Si el alcalde tiene que ser sancionado, se le sanciona, no se buscan excusas insensatas que van en contra de toda lógica y sentido del derecho.

Santiago Pérez le ha hecho un flaco favor al alcalde y también a sí mismo. La contundencia del informe del secretario no deja lugar a dudas: el debate plenario sobre el affaire de la congelación de la sanción debe celebrarse antes del 10 de diciembre, porque ha sido legalmente solicitado; el alcalde debe abstenerse de participar en ese debate o de votar en él; y Urbanismo no puede negarse a incoar, tramitar, resolver y notificar la sanción que proceda por la obra ilegal del alcalde –lo mismo que por cualquier otra actuación ilegal de un ciudadano común- en el plazo inexcusable de seis meses que establece la ley, sin excepción alguna. A Pérez –ese mismo Pérez que anda enviando compungidos inspectores de urbanismo a la casa de un adversario político, porque ha colocado en su jardín una piscina desmontable de seis metros cuadrados que no precisa de licencia alguna- se le debería caer la cara de vergüenza. Si no por su congénita tendencia a creerse más listo, más capaz y más que nadie, sí por su desconocimiento absoluto de lo que un concejal puede o no puede permitirse hacer por su alcalde. O contra él.

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