Hasta hace unos años, cuando se hablaba del diferencial canario con la península, uno se refería a las ventajas de carácter fiscal incorporadas al REF para suavizar en la medida de lo posible las disfunciones estructurales de la economía canaria, fruto de la distancia de los centros productivos y la fragmentación territorial, pero también de un subdesarrollo que no es sólo consecuencia de los factores geográficos y climáticos, sino también de la desidia histórica de unas élites acostumbradas a vivir del presupuesto. En Canarias podíamos presumir de la existencia de un diferencial –fruto de la solidaridad nacional- con una de sus economías más pobres. Pero hoy, hablar del diferencial canario es hablar de las diferencias que nos separan del resto del país en riqueza, es hablar de falta de productividad de nuestra economía, hablar de desempleo…
Un reciente informe del Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante, asegura que en sólo dos décadas -desde principios del siglo XXI hasta 2019-, Canarias se encontraba en la mitad superior del mapa español en relación a su renta. Tanto la provincia tinerfeña como las de Las Palmas contaban entre las veinte con mayor renta por habitante. En esos 20 años, antes de que nos cayera la del pulpo con la pandemia y lo que vino después, la provincia de Santa Cruz de Tenerife estaba en el puesto 20. Ahora está en el 38. Y la situación de la provincia de Las Palmas es aún peor: pasó de estar en el puesto número 12 de la tabla a caer al 41. Y no es sólo una cuestión de puestos en un ranking: en el 2000, el PIB per cápita isleño se situaba a sólo dos puntos porcentuales del PIB per cápita medio español. En 2019, la diferencia entre la renta media de un canario y la renta media del conjunto de los españoles era diez veces más alta: la canaria había caído 20 puntos porcentuales, demostrando que a la brecha existente en las islas entre los más ricos y los más pobres se une también una creciente divergencia entre la renta media canaria y la española. O dicho más claro: que los ciudadanos de las islas son cada año que pasa más pobres que el conjunto de los ciudadanos españoles. La respuesta oficial a esa alarmante situación suele ser que la renta canaria también ha crecido en estos veinte años. Por supuesto, faltaría más, no existe ninguna región de Europas en la que la renta per cápita haya descendido en términos absolutos en esta dos décadas. Pero de lo que se trata es del diferencial entre el crecimiento de nuestro PIB per cápita y el español. Otro argumento –también falaz- es que la diferencia se debe a que en estos veinte años nuestra población ha aumentado más rápidamente que el conjunto de la española, y eso influye en la riqueza per cápìta. Es otra perogrullada: la estadística refleja datos similares si se utiliza sólo la renta de los asalariados: no es un problema de población, es un problema de salarios más bajos, de empresas menos productivas, de una sociedad y una economía que hace veinte años comenzaron a perder fuelle.
Frente a eso, y en medio de la que probablemente acabe siendo la crisis económica y social más grave desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, con Canarias instalada en los peores índices del país, el Gobierno sanchista no acaba de creerse que esta región necesita un tratamiento especial. En los últimos tres años, se han caracterizado por un creciente desprecio a la sociedad de las islas y sus derechos históricos. Andan instalados en un permanente regateo del REF, mientras el Gobierno regional no abre el pico para quejarse de la diferencia de trato a Canarias en cuestiones como las subvenciones al transporte público de cercanías, la inversión en infraestructuras, las dotaciones para hacer frente al problema migratorio, o la ridícula y miserable rebaja en el plan de choque contra la pobreza. Y ahora empieza la negociación de unos presupuestos en los que –con Nueva Canarias fuera del Congreso- las dos diputadas de Coalición pueden resultar claves. Ahora veremos las negociaciones de corto recorrido, las enmiendas por unas perrillas y el mercadeo parlamentario.
En realidad, lo que hace falta es explicar al país que una de sus regiones –‘islas afortunadas’ en el imaginario nacional- avanza en dirección al hundimiento, la pobreza y el subdesarrollo, y eso ocurre mientras el Gobierno niega el REF y asfalta impúdicamente con pan de oro las calles de Cataluña y el País Vasco
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