El Ingreso Mínimo Vital ha fracasado estrepitosamente en Canarias. Apenas el 16 por ciento de las 365.000 personas en situación de pobreza severa que viven en las islas han logrado hacerse merecedoras de la ayuda más propagandeada por el Gobierno Sánchez, destinada a sustituir esa renta vital que Podemos garantizó a sus electores si entraba en el Gobierno. Al final, menos de 60.000 personas van a disfrutar de la paga en las islas, y eso a pesar de que esta región soporta la más alta tasa de pobreza severa del país y es la tercera en población en riesgo de pobreza.
Hasta el Ministerio de Inclusión reconoce que no se han logrado los objetivos previstos. Por eso han decidido poner en marcha una campaña en el territorio peninsular para informar sobre estas ayudas, usando una guagua que realiza excusiones itinerante a los lugares donde se sospecha hay más concentración de personas en situación de necesidad. La guagua recorrerá todas las provincias de la península, pero no visitará Canarias: aquí solo se pondrán algunos expositores explicando a los potenciales beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital el procedimiento que deben seguir para apuntarse.
Ni siquiera voy a quejarme de que Canarias no participe de la campaña central con la que el Ministerio pretende enmendar su fiasco. Probablemente esta campaña no tenga demasiada importancia práctica a la hora de incentivar una mayor participación de gente necesitada: sospecho que la guagua de marras tiene más valor para hacer visibles las buenas intenciones del Gobierno (propaganda se llama la figura) que para instruir a los beneficiarios del camino a seguir y conseguir que mejore el porcentaje de personas que logran recibir la prestación.
En realidad, el problema con esta y con la mayoría de las ayudas propuestas por la administración para paliar la pobreza es que muchas veces parten del deseo efectivo de resolver problemas, pero a la hora de ponerlas en práctica, sus parcos resultados son consecuencia directa de una logística risible: se parte de la ridícula creencia happy flower de que las personas más vulnerables no solo disponen de un ordenador con conexión a banda ancha, sino también de la falsa idea de que sus habilidades y conocimientos para moverse por la red y tratar digitalmente con la administración están más desarrollados que los del común de los mortales.
Y es que la administración ha convertido sus páginas virtuales en una selva inaccesible para la mayoría, más difícil de franquear que las puertas de una delegación de Hacienda o de la Seguridad Social en los tiempos postpandemia. La mayor parte de los usuarios de los servicios informáticos de la Administración española desisten a medio camino ante la complejidad técnica y el despelote burocrático con el que hay que enfrentarse para lograr cosas que debieran ser tan sencillas como una modesta cita previa. Sin ir más lejos, el otro día a un colega que quería averiguar la pensión que le quedará al jubilarse, le dieron cita previa dentro de mes y medio en la oficina de la Seguridad Social en La Gomera. Parecería asunto de risa si no fuera más bien para ponerse a llorar… y no es en absoluto una excepción. Entre obligar a los ciudadanos a hacer cola desde las seis de la mañana ante las puertas de una oficina pública para conseguir ser atendido, o pasarse horas desentrañando los misterios árcanos e insondables de webs inaccesibles, la administración española (en todos sus niveles) ha logrado hacerse con una más que justificada fama de disfuncional. Hay que ser tonto de remate para creer que este estado de cosas se van a resolver paseando una guagua por las carreteras y barrios de España para explicarle al personal cómo funciona la web del Ministerio.
La revolución tecnológica es sin duda un proceso imparable, irreversible… pero creo que cualquiera que entienda lo qué es la brecha digital entre los más poderosos y los más vulnerables, comprenderá conmigo que no va a resolverse con un par de contratos para que algún amiguete haga su bisnes paseando el Ingreso Minimo Vital por el país.
En realidad, lo que de verdad resultaría útil sería mejorar la coordinación de las ayudas, reduciendo la sopa de letras que existe hoy porque cada político quiere presumir de la paternidad de alguna, acabar con su multiplicidad, hacer más sencilla su instrucción y gestión, dar a los trabajadores sociales más poder de decisión y dejar de gastar en propaganda que no resuelve nada.
Eso es lo que hace falta que hagan nuestros próceres. Aunque ahora el happy flower parezco yo. Por creer que algún día actuarán en base a lo correcto y no a lo que creen que les conviene.
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