Las llegadas a Canarias de los migrantes irregulares durante los ocho primeros meses del año aumentaron un 14,9 por ciento (más de diez mil seiscientas personas), según dio a conocer ayer el ministerio del Interior. El problema, por tanto, persiste: la ribera atlántica de Marruecos –dando por hecho que la inmensa mayoría inicia ahí la denominada ruta canaria- tiene la longitud suficiente como para que la labor de vigilancia esté bastante lejos de resultar eficaz. Y se comprueba de nuevo que ni las relaciones de buena vecindad ni los posibles acuerdos que puedan alcanzar las partes al máximo nivel sirven para mitigar el fenómeno. Como la Unión Europea prosigue –salvo excepciones muy contadas, como veremos más adelante– en su postura de compóntelas como puedas, o lo que es igual, que cada palo (país) aguante su vela migratoria, la carencia de una política preestablecida, orientada, sobre todo, a proteger a quienes están a merced de los inescrupulosos organizados en sólidas o frágiles estructuras mafiosas que trafican con seres humanos (incluidas las mujeres embarazadas), seguirá siendo un factor favorecedor del fenómeno. No queda, por tanto, otra vía que la de cooperación al desarrollo, también muy limitada por razones presupuestarias o porque el tráfago de las ayudas, pese al sello de oficialidad jurídico-administrativa, se complica y termina evaporándose en los más impensados vericuetos de los destinos.
Recordemos que a mediados de agosto pasado, se anunció, tras una reunión en Rabat, con asistencia de la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, y los dos ministros de la misma competencia de Marruecos y España, Abdelouafi Laftir y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente, que la Unión Europea (UE) fijaría en quinientos millones de euros la ayuda que, procedente de los fondos europeos, destinará a políticas migratorias. Para la UE, Marruecos sigue siendo un socio “estratégico y comprometido” con el que el bloque europeo coopera desde hace varios años en materia migratoria. Una portavoz comunitaria aclaró que estos nuevos fondos se enmarcan en la asociación operativa contra el tráfico de personas para hacer frente a la trata de personas, que comprenderá medidas de “apoyo a la gestión de fronteras, cooperación policial reforzada, incluidas investigaciones conjuntas, sensibilización sobre los peligros de la migración irregular y cooperación reforzada con las agencias de la UE que trabajan en el ámbito de los asuntos de interior”.
Grande-Marlaska continúa creyendo aún en “una emigración ordenada y justa desde los países de África”. Marruecos, después de Libia, es el país que más se beneficia de estas ayudas específicas. La experiencia sugiere que los cambios sustanciales son poco probables.
El caso es que hasta el miércoles pasado llegaron a España diecinueve mil siete personas, es decir, un 10,2 ciento menos que en los ocho primeros meses del pasado año. Pero el registro en Canarias, insistimos, subió un 14, 9 por ciento. Así, de nueve mil doscientos cincuenta y cinco que alcanzaron las costas insulares en el mismo período de 2021, se ha pasado a diez mil seiscientos treinta y siete a bordo de doscientas treinta y cinco embarcaciones, ocho menos que en el período ya citado. Viendo las cifras, por cierto, se aprecia un notable descenso en las llegadas a Península y Baleares, o sea, tres mil cuatrocientos migrantes menos que en 2021. La ruta canaria sigue siendo preferida.
Añade un comentario