Seguro que la mayoría de los lectores está al tanto de ya larga crisis social, económica e institucional que se vive en Venezuela, donde el periodismo también sufre escasez, penalidades y persecución, tal es así que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH1) ha exigido al Estado venezolano respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión, en particular el trabajo de los periodistas, según informa Inter Press Service (IPS), una agencia mundial de noticias comprometida con el ejercicio de periodismo independiente y especializada en reportajes analíticos sobre procesos y acontecimientos económicos, políticos, sociales, artístico y culturales. Su cobertura se caracteriza por incluir a las organizaciones que conforman a la sociedad civil como fuente informativa, y a los procesos de la era de la globalización como temas de especial interés. La IPS está constituida como una organización sin fines de lucro y goza de estatus consultivo como organización no gubernamental en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc) y de estatus de organización internacional elegible para recibir Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD).
Siempre prestamos atención a lo que acontece en el país hermano. Y siempre tendemos un puente de solidaridad con quienes padecen un régimen totalitario y sufren la incomprensión de los gobernantes. Máxime si se trata de periodistas. Cuántos de fuste, de altura, de proyección universal. El régimen se ha cebado con muchos de ellos, quebrando así una tradición de libertad de expresión que fue ejemplo para toda Iberoamérica.
Pues bien: la Relatoría ha hecho una declaración “ante la persistencia de hostigamientos y el incremento de censura contra periodistas en Venezuela, reafirma su respaldo al periodismo independiente y su compromiso con la plena vigencia del derecho a la libertad de expresión en el país”.
Efectivamente, a lo largo de 2022, la Relatoría «ha continuado documentando severas restricciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela y la persistencia de un ambiente hostil para el ejercicio de la labor periodística».
Ese ambiente «está marcado por hostigamientos, persecuciones, detenciones arbitrarias y señalamientos estigmatizantes contra quienes investigan y participan activamente de asuntos de interés público y político», según la Relatoría a cargo del jurista colombiano Pedro Vaca Villarreal.
Ese departamento de la Confederación Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «también ha sido informado sobre medidas restrictivas del derecho a la libertad de expresión en el entorno digital, por ejemplo, apagones y cortes del servicio de internet y bloqueos deliberados contra portales informativos y otras plataformas digitales».
La Relatoría expuso que los cierres de medios de comunicación, así como la incautación de sus equipos, instrumentados directa o indirectamente por el Gobierno, limitan cada vez más el acceso de la ciudadanía a información confiable y de fuentes independientes, y han generado «zonas de silencio mediático» en Venezuela.
Claro, así las cosas, se habría creado un ambiente general de autocensura, tanto en la ciudadanía como en la prensa que informa sobre asuntos de relevancia pública, como la crisis de derechos humanos en Venezuela.
La Relatoría «ha observado con particular preocupación la situación de mujeres periodistas venezolanas, quienes son blanco de ataques diferenciados en razón de género en el ejercicio de su profesión».
«Conforme han señalado diversas organizaciones de la sociedad civil, cada vez con mayor frecuencia, las mujeres periodistas son víctimas de campañas de acoso, hostigamiento y estigmatización en redes sociales, cuyo principal efecto es el silenciamiento», expresa el texto.
También la Relatoría ha recibido numerosos reportes sobre el uso del derecho penal contra periodistas con fines presuntamente intimidatorios, incluyendo figuras como terrorismo o traición a la patria, «además de la continuidad en la aplicación de la Ley Contra el Odio de forma selectiva y desproporcionada».
La Relatoría recordó que la ley ordena multas y hasta veinte años de prisión para cualquier persona que difunda información considerada como promoción o incitación al odio, la discriminación o la violencia.
Además otorga facultades legales para censurar contenidos que pueden estar protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos.
Según hizo público la Relatoría, esa ley ha sido empleada para deslegitimar y criminalizar a cualquier persona que cuestione o critique la gestión gubernamental o a personas que ejerzan funciones públicas.
Este departamento de la CIDH ya ha señalado previamente que la Ley contra el Odio «desconoce y suprime el libre ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y debe ser dejada sin efecto».
Por ello, la Relatoría “condena los ataques y represalias perpetrados desde las esferas gubernamentales en contra de la prensa, e insta al Estado de Venezuela a respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión, en particular de las y los periodistas y comunicadores”.
Finalmente, la Relatoría «invita a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para acompañar y respaldar la labor de las y los periodistas venezolanos, y a continuar trabajando en la promoción y el restablecimiento de las plenas garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela».
Con signemos que la CIDH es una entidad autónoma del sistema interamericano del que se alejó el actual gobierno de Venezuela, y concretó en abril de 2019 su retirada de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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