Somos un pueblo ingrato y pesimista, como casi todos los pueblos que desconocen y olvidan su historia. Lograr que un territorio concreto tenga una fiscalidad diferente a la del resto de la nación es algo muy difícil, incluso en un Estado que se define a sí mismo como de las Autonomías. De hecho, en España sólo tenían fiscalidad propia el País Vasco y Navarra, y por motivos históricos que hunden sus raíces en el tiempo. Canarias logró el REF hace tan sólo medio siglo, en los últimos años del franquismo, como compensación por la desaparición de los puertos francos. Hasta la aparición del REF la economía del Archipiélago se basaba fundamentalmente en la existencia de una libertad comercial, que nos gusta decir que se origina con los Reyes Católicos, quizá con más licencia poética que verdad histórica. Canarias ha vivido de muchas y diferentes cosas desde su poblamiento, desde la agricultura de exportación al corso, clave en la primera mitad del XVIII, pero sólo con el decreto de Bravo Murillo adquirió verdadera pujanza comercial, aunque eso no contribuyó de forma decisiva a igualar nuestro desarrollo al del resto de las regiones españolas. Y poco a poco, ante el avance normalizador de la fiscalidad nacional, las libertades comerciales retrocedieron hasta ser sustituidas por el REF de 1972 y sus sucesivas reformas.
A nivel nacional, la consideración que tiene el REF es que se trata de una superestructura legislativa de carácter económico y fiscal que permite a los canarios vivir del cuento, no pagar impuestos y disfrutar de todo tipo de ventajas. Y en Canarias la opinión general no es mucho mejor, aunque por motivos distintos: muchísima gente cree que el REF sólo sirve para que los empresarios tengan una serie de ventajas en el desarrollo de su actividad económica. Sin duda eso es cierto, pero las verdaderas ventajas del REF son las que quizá los canarios no percibimos demasiado, como la existencia de una fiscalidad sobre el consumo específicamente canaria, que destina su recaudación a financiar el funcionamiento de la administración regional y las corporaciones locales de las islas. Se trata de una fiscalidad basada no en el IVA –que tributa al 21 por ciento en cualquier operación de compra de bienes o servicio, y es el impuesto al consumo que existe en el resto de España- sino basada en el IGIC, que tiene un tipo general tres veces más reducido, del 7 por ciento, y que permite que los recursos económicos que se mueven en las islas no estén grabados de una forma tan intensa como lo están en el territorio nacional. Ya eso supone una ventaja extraordinaria para todos, una ayuda –y esa es la clave de todo el asunto- no para que estemos mejor que el resto de los españoles, sino para que nos acerquemos a su nivel de vida; para que nuestra lejanía, fragmentación y debilidad económica se vea en parte paliada, y eso nos permita incorporarnos a los estándares nacionales de vida y bienestar. Ese es el objetivo fundamental de nuestro fuero, de nuestro REF. Un objetivo aún por alcanzar…
Pero hay más cosas, efectivamente: hay decenas de políticas aparejadas al REF, como las subvenciones al transporte de personas, las ayudas al movimiento de mercancías o la desalación de aguas, la bonificación de una parte de nuestra factura eléctrica, que abonan el resto de los españoles cuando pagan la suya… se trata de medidas de las que no siempre somos conscientes porque están instaladas en nuestra vida cotidiana. Para hacernos una idea de lo que suponen, es conveniente saber que si las ventajas del REF desaparecieran mañana, pues probablemente en Canarias la vida de la gente –y no sólo la actividad de los empresarios- sería extraordinariamente dura. La desaparición del REF, su fiscalidad, sus ayudas de Estado… supondrían un impacto de entre un 20 y un 30 por ciento de encarecimiento de absolutamente todo.
Lo que pasa es que como el REF existe, y funciona, no le damos ningún valor. Pero el REF es fundamental y produce cambios importantísimos en la económica del archipiélago, ha generalizado la actividad económica y ha transformado un país que vivía básicamente del comercio de shoping, del sector público y una agricultura condenada a la extinción, convirtiendo Canarias en una sociedad mucho más desarrollada y más rica y moderna de lo que sería si el REF no existiera.
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