FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | La destrucción de un hombre honrado | Francisco Pomares

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Coincidiendo con la declaración de Conrado Domínguez y el consejero Blas Trujillo en la Cámara regional a cuenta del ‘caso mascarillas’, un Juzgado de Las Palmas admitió ayer a trámite la querella presentada por Anticorrupción contra el director del SCS y la que fuera directora general responsable de compras del servicio, así como contra el empresario Rayco Rubén González. En la querella de la Fiscalía se reparten entre los tres las acusaciones de prevaricación, tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales, por haber pagado (y cobrado) cuatro millones de euros por un millón de mascarillas FFP3 que se perdieron por el camino y nunca llegaron al SCS.

Después de una presentación del Fiscal muy dura, el Juzgado asume las medidas cautelares propuestas, que prohíben cualquier uso o desvío de los bienes propiedad de los querellados. En el caso de la empresa implicada, la decisión llega tarde: el dinero voló rápidamente y es difícil que pueda ser recuperado. La merma patrimonial producida al erario público –cuatro millones- difícilmente será recuperada. La pérdida probablemente definitiva de esos cuatro millones gastados por el empresario en fastos y lujos convierten el caso en uno de los baldones de la gestión sanitaria del Gobierno.

La fiscalía es especialmente dura con Conrado Domínguez, a quien se señala como principal responsable de la decisión de compra de las mascarillas a una empresa sin dedicación previa a la provisión de material sanitario. No es un caso único, como sabemos de sobra: durante los primeros meses de la pandemia, la decisión del Gobierno Sánchez de centralizar las compras rimero y luego de desentenderse de ellas, provocó la aparición en todo el territorio nacional de empresas oportunistas vinculadas a la importación de materiales de Asia –muchas de ellas empresas puramente aventureras- que se lanzaron a hacer negocio vendiendo todo tipo de insumos sanitarios. La desesperación de las administraciones, incapaces de proveer de ningún tipo de protección a sus sanitarios o simplemente a sus empleados, y dispuestas a pagar lo que fuera por gel, EPIs, guantes o mascarillas, desató la especulación y la codicia de comerciantes corsarios dispuestos a hacer su agosto.

En Canarias fueron muchas las empresas que se lanzaron a contratos de abastecimiento. Y no todas cumplieron: el fraude sobrevenido del ‘caso mascarillas’ es sólo la punta del iceberg de decenas de operaciones planteadas, de las que muchas no llegaron a fructificar porque no había dinero para adelantar.

Conrado Domínguez defendió ayer en el Parlamento su honradez y justificó lo ocurrido, intentado salvar la responsabilidad de quienes estaban por debajo y también por encima de él. En un tiempo en el que todo el mundo esparce barro sobre los demás, eso le honra y demuestra que es un personaje de un fuste distinto al que se estila hoy en el mundo de la política.

Por supuesto que hay que dejar actuar a la Justicia, pero no voy a ocultar mi convicción personal de que Domínguez es un tipo decente e íntegro, y de que ni se enriqueció con este desastre, ni tuvo intención de favorecer ilícitamente a nadie. Creo que sólo le movió la situación de urgencia y necesidad, y que si pecó de imprudencia fue exclusivamente porque deseaba proteger a su personal. Pero que yo lo crea da igual hoy. La política y el periodismo se han instalado en un formato bastardo y canalla de denuncias cruzadas, en el que a nadie le importa destruir a las personas, bloquear el funcionamiento de las administraciones o castigar con la deshonra a quienes tienen la mala suerte de cometer un error administrativo. Ese formato de señalamiento y culpabilización, puede llevarse por delante a un gestor sanitario decente y comprometido con el servicio público, sólo porque algunos pueden y quieren permitírselo. Y porque al hacerlo provocan a otros un daño que les conviene.

En este concreto caso, es bastante triste que el intento de acabar con Domínguez no sea siquiera una operación de la oposición al Gobierno. Que sea un sector del propio Gobierno quien la alienta y alimenta.

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