FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Expectativas y atajos | Francisco Pomares

Plane is taking off at sunset
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El Gobierno regional parece desde hace años instalado en un defecto peligroso, que es el de considerar que las expectativas pueden construirse a base de deseos y declaraciones. Torres no acabó de charlar con Eloísa Ferreria, la comisaria europea de Cohesión y Reformas, con la que coincidió en la primera jornada de la Conferencia de Presidentes de las RUP, y ya se puso a anunciar urbi et orbi que Canarias será favorecida hasta 2030 (siete años más) por la exención de abonar la tasa al queroseno que hoy aplica la UE en su territorio. El presidente aseguró el martes que la Comisión se había comprometido en Martinica a ampliar la excepción a la tasa para el tráfico aéreo entre Península y Canarias. Eso no es exacto: la Comisión Europea no responde a peticiones en los pasillos, ni adopta compromisos por boca de una de sus comisarias. Lo que hizo realmente Ferreira –se aclaraba ayer- fue asegurar que ella está de acuerdo con prorrogar la exención esos siete años más. Ojala Ferreira consiga convencer al resto de los miembros de la Comisión. Y ojalá no se quede ahí, porque como bien ha dicho el propio Torres, el que las compañías no paguen la tasa al queroseno en el tráfico aéreo entre la península y Canarias no resuelve el problema.

Al menos no TODO el problema. Porque el tráfico con Península es sólo la punta del iceberg: hay que lograr también que el impuesto no se pague en los vuelos internacionales con destino a Canarias, para evitar el encarecimiento de los paquetes turísticos, y –más importante si cabe- hay que conseguir que se exima de pagar el impuesto por la descarbonización también en los vuelos y trayectos marítimos interinsulares, y en todos los combustibles que se utilicen, no sólo en el queroseno para aviación. Si eso no ocurre, los precios de los pasajes para desplazarse entre las islas se dispararán. Quizá no ese estratosférico 50 por ciento que ha anunciado el coordinador general de Bínter, Juan Ramsden, con la rapidez y contundencia que caracteriza todas las respuestas de la compañía áerea, pero –por desgracia- sí bastante más de lo que hoy pagamos.

En Canarias (y en otros territorios españoles, no somos la única excepción) nos hemos acostumbrado a disfrutar de muy buenas tarifas en el transporte aéreo interinsular y con Península, como resultado de la aplicación del 75 por ciento de la bonificación por residencia. Es una ayuda de Estado, que responde a la inexistencia de otras inversiones en transporte –como las muy multimillonarias que se realizan con cargo al Presupuesto nacional para sostener Renfe o invertir en la red de carreteras- y que ni de lejos se compensan proporcionalmente con un miserable convenio arrastrado por los tribunales y permanentemente en almoneda.

Si en Canarias tuviéramos un Gobierno respetado por el del Estado, en vez de un intercambiable sindicato de palmeros de Moncloa, el problema de las tasas a la descarbonización podría resolverse apelando también a la justicia entre territorios españoles y no sólo a la clemencia y comprensión europea. Canarias siempre ha sido mejor tratada por Europa que por el Estado. Y más comprendida. Pero en este concreto asunto de las medidas para frenar el cambio climático, es menos creíble que vayamos a quedarnos del todo fuera. Podemos confiar en una apuesta decidida por la producción masiva y abaratamiento de los ecocombustibles, difícil de materializar en una década, o podemos mirar para otro lado y decir que la que se nos viene encima no es tan grave, que es cosa de agoreros creer que la descarbonización suponga un problema para nuestra economía. Eso es lo que decía Torres no hace tanto: “Tenemos que tener bien claro que la apuesta por la descarbonización y la apuesta por la transformación verde es ineludible, es indiscutible y no admite atajos”. Lo dijo el pasado 22 de abril, Día de La Tierra. Luego alguien le explicó cómo se iba a poner el patio en Canarias con el impuesto al queroseno, y ahora anda exigiendo un atajo pret a porter. A Europa. Ni se le ha pasado por la cabeza pedirlo también a Moncloa. Como ayuda de Estado. Como una segunda compensación -los 250 millones de la residencia son la primera- a la ausencia de inversión en el transporte en las islas.

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