Juan José Martínez, concejal de CC-PNC, estima que «esta norma es una oportunidad perdida, además de tener efectos muy negativos sobre las esperanzas y los sueños de las familias de este municipio»
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El concejal de Viviendas del grupo municipal de CC-PNC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Juan José Martínez, se muestra «contrario al proyecto de Ley de Vivienda que invade competencias de Canarias, a la vez que contiene directrices generales sobre política en esta materia que representan un claro dirigismo de la actuación de las comunidades autónomas» y añade que «es una oportunidad perdida, además de tener efectos muy negativos sobre las esperanzas y los sueños de las familias de este municipio a la hora de acceder en propiedad a los inmuebles donde viven».
Martínez sostiene que «barrios como San Pío, Santa Clara y Cuesta Piedra se verán afectados por este proyecto de Ley» y lo argumenta con el dato de que «en Santa Cruz hay unas 1.500 familias que viven en régimen de alquiler social en alguna vivienda del parque municipal, unos vecinos y vecinas que de estos enclaves urbanos que tenían la perspectiva de acceder a esos inmuebles y ahora el Gobierno de España aniquila sus sueños».
A la misma vez, el concejal chicharrero acentúa que «son las comunidades autónomas y no el Estado quienes pueden desarrollar una política propia, incluyendo el fomento y promoción de la construcción de viviendas, que son fundamentalmente el tipo de actuaciones públicas en las que se concreta la política de vivienda» y enfatiza diciendo que «cualquier actuación del Estado debe respetar las competencias autonómicas y este proyecto de Ley no las respeta».
«Como nacionalistas –sostiene Juan José Martínez- no podemos avalar una ley que vulnera nuestro Estatuto de Autonomía, por lo que presentaremos enmiendas de supresión de todos los artículos que atenten contra la facultad de Canarias de definir y desarrollar una política de vivienda propia y adaptada a nuestra singularidad territorial» y matiza que «como archipiélago, tenemos el derecho de proyectar la política de viviendas a la medida de las verdaderas necesidades de los canarios».
En Santa Cruz de Tenerife, la ejecución por el Ayuntamiento de diversas actuaciones o programas de reposición ha generado un patrimonio inmobiliario de titularidad municipal constituido principalmente por un parque de viviendas (cedidas en régimen de alquiler, en los grupos de Santa Clara y San Pío, y, en el caso de las actuaciones del grupo de Cuesta de Piedra, principalmente en propiedad) y garajes (en régimen de alquiler).
En ambos supuestos, viviendas y garajes, está previsto en los documentos suscritos con los adjudicatarios que las cantidades abonadas en concepto de rentas serían descontadas del precio de venta con una cláusula del siguiente tenor: «Para el caso de que en un futuro fueren ofertadas las viviendas/plazas de garaje en venta, las rentas abonadas, desde esta fecha serán tenidas en cuenta como parte del precio».
«En este punto –especifica Martínez- hemos de señalar que se ha expresado en reiteradas ocasiones por diversos representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz la voluntad municipal de favorecer el acceso a la propiedad de las viviendas y garajes a sus adjudicatarios» y enfatiza al decir que «de hecho, se ha cursado la posibilidad, atendiendo a sus circunstancias sociales y económicas, de establecer subvenciones o ayudas a la adquisición de las mismas».
Así, el retraso en la finalización de las actuaciones de regularización jurídico-patrimonial del Patronato Provincial de Viviendas «Sociedad Benéfica de Construcción La Candelaria», que afecta a los inmuebles resultado del proceso de reposición de Santa Clara y San Pío, conducentes a la liquidación y extinción del mismo, incluyendo la cesión al Ayuntamiento del patrimonio residual del Patronato.
Por lo que, de esta manera, «la falta de inscripción en el Registro de la Propiedad de las parcelas resultantes de la gestión urbanística de las distintas unidades de actuación en las que se subdivide el programa de reposición de Cuesta Piedra y, por lo tanto, de las correspondientes escrituras de obra nueva y división en régimen de propiedad horizontal, ha imposibilitado la depuración de la situación física y jurídica de los inmuebles (viviendas y garajes)», aclara Juan José Martínez.
Por otra parte, Martínez afirma que «además, es un proyecto de Ley intervencionista que atenta contra el derecho a la propiedad privada» y agrega que «incide sobre las relaciones jurídico-privadas, imponiendo a los propietarios de viviendas cargas y obligaciones que afectan a las relaciones jurídico-privadas al tiempo que plantea reglas que afectan a la titularidad dominical de la vivienda, así como a los contratos de compraventa y relaciones arrendaticias, unas relaciones que son estrictamente de índole civil».
Para finalizar, el concejal nacionalista de Santa Cruz argumenta que «en definitiva, detrás de este proyecto de Ley no hay más que ideas populistas y propagandísticas que no pueden ser asumidas por el Estado» y que «no concreta ni aporta soluciones efectivas al problema de la falta de vivienda pública, ni propone medidas para incentivar la promoción y construcción de nuevas viviendas que amplíen el actual parque público»; «es más -concluye Juan José Martínez- las trabas de esta ley van a conseguir un efecto contrario que, con toda seguridad, va a frenar la construcción de nuevas viviendas».
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