El BOE publicó el miércoles el real decreto aprobado el día antes por el Gobierno de España, por el que se adoptan medidas urgentes, en el marco del plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. Son 152 páginas que recogen las medidas del Gobierno, y las adaptaciones legislativas que se requieren para poder aplicarlas, en un texto denso, plagado de abigarramientos jurídicos. Quizá por eso ha pasado bastante desapercibido que en su disposición final cuarta se plantea la modificación de la Ley de Hidrocarburos de 1998 en varios aspectos. Uno de ellos es de especial relevancia para Canarias, al modificar el apartado 3 del artículo 55 de la ley, para dejarlo redactado como sigue: «3. No requerirán autorización administrativa los proyectos de instalaciones necesarias para la defensa nacional consideradas de interés militar, conforme a la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, y su normativa de desarrollo ni las plantas de regasificación ubicadas en el archipiélago canario que tengan como uso principal alimentar a instalaciones de generación de energía eléctrica, pudiendo tener usos secundarios como la alimentación a puertos y a buques.»
Es un cambio importante, que vuelve a demostrar que este Gobierno acierta casi siempre que rectifica. Por la puerta de atrás, como es frecuente en la gestión sanchista, aprovechando que la guerra ha zarandeado algunas conciencias y las ha devuelto a la cruda realidad, se ha dado carpetazo al bloqueo que viene impidiendo desde hace años la instalación de plantas regasificadoras en Canarias. Con eso no sólo se abre la posibilidad de revertir el uso de fuel en las actuales centrales eléctricas de las islas, sustituyéndolo por gas, todavía hoy más barato y menos contaminante, sino que también se resuelve el más grave de los problemas logísticos del puerto de Tenerife, que no cuenta con la capacidad de aprovisionar gas a los buques, y quedaría por tanto en un par de años fuera del sistema de puertos europeos, dado que desde 2025 todos los barcos de la Unión Europea tendrán que utilizar gas como combustible.
Desde hace años, y por circunstancias inexplicadas, el gas se ha convertido en las islas en una suerte de tabú industrial y energético. El rechazo político a su utilización para producir energía eléctrica, incluso a la existencia de plantas de regasificación en los puertos, ha sido fruto, entre otras cosas, del empecinamiento maximalista del grancanario Antonio Morales, alegremente aplaudido por una cuerda de políticos locales tinerfeños –entre ellos el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena- que han convertido su oposición al uso del gas como combustible sustituto del fuel, en una seña de identidad ecológica. Valbuena sabe que además de reducir en un 30 por ciento las emisiones de CO2, el gas natural licuado no tiene azufre y las emisiones de óxido nitroso son hasta un 80 por ciento inferiores a las que produce el fuel. Es por eso por lo que la Comisión Europea lo incorporó hace dos meses a su catálogo de energías verdes. Pero también es cierto que el gas debe ser un combustible de transición, a energías realmente limpias, dado que produce CO2 y –sobre todo- tiende a sufrir pérdidas de metano durante su combustión, y el metano es un gas de efecto invernadero 28 veces más potente que el dióxido de carbono. El gas no es el combustible ideal, sería mucho mejor poder usar otros que no contribuyen al calentamiento –como el hidrógeno o el amoniaco- pero la industria no los produce aún en grandes cantidades. Por eso, porque a veces lo mejor es enemigo de lo posible, es una buena noticia que el Gobierno abra la puerta al gas en Canarias, como combustible de transición hacia un mix energético realmente verde.
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