FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Legislatura al límite | Francisco Pomares

El Gobierno Sánchez logró ayer aprobar la reforma laboral gracias a un diputado del PP, Alberto Casero, que estaba enfermo en su casa, y se equivocó al votar telemáticamente. La reforma se salvó por un único voto a favor, después de que los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro desobedecieran las instrucciones de su partido, que había negociado con el PSOE el apoyo a la convalidación del decreto ley. La ajustada mayoría con la que contaba el Gobierno el día antes, saltó por los aires cuando los parlamentarios de UPN votaron en contra. Conociendo el sentido del voto de ambos diputados, la presidenta del Congreso anunció al finalizar la votación que el decreto del Gobierno quedaba derogado, aunque unos segundos después, los escaños de la mayoría celebraban con una estruendosa ovación la convalidación de la reforma. Una convalidación conseguida gracias al voto erróneo de Casero, que aseguró ayer haber votado correctamente, aunque el sistema telemático no registró correctamente su voto. La petición realizada por el PP de que el voto fuera anotado como contrario a la convalidación –y con ello denegada la aprobación de la reforma del proyecto de Yolanda Díaz- fue denegada por la presidenta del Congreso, alegando, quizá con cierta precipitación, que el reglamento de la Cámara no contempla la posibilidad de corregir un voto ya emitido. Lo cierto es que existen numerosos precedentes de corrección de votos emitidos en la historia del Parlamento, incluso con este reglamento en vigor, por lo que el PP anunció que acudirá a los tribunales, y Vox ha anunciado que intervendrá ante el Constitucional. La reforma podría (o no) llegar a ser anulada, pero para cuando eso ocurra (o no) puede haber pasado mucho tiempo.

​Más allá de futuribles hipotéticos, el día de ayer no parece abrir un panorama singularmente complicado para el Gobierno de Sánchez hasta el mes de junio. Es cierto que ha quedado patente que el Gobierno camina permanentemente por el filo de una navaja, pero tras las declaraciones de ERC y PNV –los dos principales socios de Sánchez en la investidura-  no parece que exista un serio peligro de que el Gobierno se quede sin apoyos.  De hecho, a los tradicionales apoyos de PDeCat, Más País, Compromís, Nueva Canarias, el Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe, Sánchez sumó ayer los votos de Ciudadanos –la reforma no habría sido aprobada sin ellos- y de Coalición Canaria. Para la derecha, resultó chocante ver cómo la diputada Oramas, que viene manteniendo una posición beligerante con el Gobierno de Sánchez en la mayoría de los asuntos que se votan en el Congreso, respaldaba con su voto la convalidación de la contrarreforma laboral, un texto pactado por sindicatos y empresarios, y ante el que Coalición apostó por la neutralidad.

En condiciones normales el voto de Oramas no sería determinante en el futuro, pero pocas garantías existen de que el resto de la legislatura se desarrolle en condiciones normales: desde el 3 de junio, cuando el diputado Pedro Quevedo entregue su acta de diputado a María Fernández el Gobierno contara con un voto menos para defender sus posiciones y con uno más en contra –el de la coalicionera Fernández-. Un voto menos a favor y uno más en contra, en las sumas y restas de las ajustadas cuentas parlamentarias del Gobierno Sánchez, que quedarían en empate cuando estuvieran todos los diputados. Pero hay que restar el hueco dejado por el diputado Alberto Rodríguez, cuyo escaño vacante por sentencia judicial Podemos no se decide a cubrir. Todo quedará al límite a partir del próximo junio en la mayoría de Sánchez. Incluso con ERC y PNV de nuevo en el redil, la mayoría será insostenible el resto de la legislatura si no se cubre la vacante de Alberto Rodríguez.

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