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SANTA CRUZ | El Ayuntamiento pide que no se reforme la Ley de Seguridad y se apoye a los policías

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La concejala de Seguridad Ciudadana y Vial del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, llevó ayer a la sesión plenaria municipal una moción en defensa de las garantías y el trabajo de los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esta petición se fundamenta tras el análisis de la reforma planteada, desde el Gobierno estatal, sobre la actual Ley de Seguridad Ciudadana y considera que la propuesta conocida de los cambios de dicha legislación «deja indefensos a policías y guardias civiles en el ejercicio de su labor y, por extensión, también afecta a la protección de la ciudadanía y sus derechos», argumentó.

Alonso hizo, en su defensa de la moción, un resumen de los «graves perjuicios» que, a su juicio, traerá la reforma impulsada por el actual Gobierno de Pedro Sánchez «presionado por la ultraizquierda de Unidas-Podemos». La concejala se refirió a la posible supresión de la prohibición de captar y difundir imágenes de las actuaciones policiales «una cuestión ampliamente rechazada por los representantes de los policías ya que los pondrá en riesgo a ellos y a sus familiares».

Para la edil, otro de los cambios previstos, como es el hecho de promover la retirada de sanciones en las manifestaciones no comunicadas, «afectará negativamente a los derechos de los ciudadanos, a los comercios y a la libre circulación, ya que la ausencia de comunicación previa nos limitará a todos, sin el riesgo añadido de que esas manifestaciones deriven en revueltas».

En la exposición de motivos, también apuntó la concejala una cuestión que todas las organizaciones y sindicatos policiales han puesto de relieve a nivel estatal «me refiero a la prohibición del uso de los equipos de protección, lo que unido a esta tentativa de restar autoridad a los policías y favorecer a quienes infringen la ley, nos llevará a que sea imposible el trabajo de quienes se ocupan de nuestra seguridad».

En su intervención ante el pleno municipal calificó la reforma legal planteada como «una agresión por parte del Gobierno de España contra los integrantes de la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y policías locales, dejándolos indefensos a la hora de realizar su trabajo». Alonso subrayó «que grabar a los policías no sea una infracción; que no haya que comunicar previamente las manifestaciones; que se reduzcan los tiempos de detención o se cuestione la presunción de veracidad de los atestados policiales dificulta su labor y criminaliza a los profesionales que nos protegen».

La concejala de Seguridad entiende que «no es admisible que se cuestione, por parte del PSOE y UP, a los principales sindicatos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (CFS)» y añade que «de hecho, esta moción fue consensuada con uno de ellos, JUPOL; en realidad, todas las fuerzas sindicales con representación en los CFS piden al Gobierno, por encima de todo, que se sienten con ellos a consensuar esa modificación», concluye Evelyn Alonso.

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