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OPINIÓN | La reforma de la reforma | Francisco Pomares

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El Gobierno tiene hasta el 7 de febrero para conseguir convalidar en el Congreso el decreto ley que reforma la reforma laboral. Esquerra Republicana ha mostrado una inusual beligerancia contra el proyecto de Yolanda Díaz, que –de momento- sigue son contar con los votos suficientes para ser aprobado en el Congreso. Cuando el Gobierno se acerca ya al ecuador de la legislatura, la percepción es que se está produciendo una transformación del mapa político en España, con una creciente aproximación del PSOE a los postulados de Podemos, y un alejamiento de los independentistas. Para Esquerra, pero también para Bildu, la reforma de la reforma se ha convertido en piedra de toque.

Ayer por la mañana, el consejero catalán de empleo (en Cataluña lo llaman de ‘Empresa y Ocupación’), ha insistido en que ERC sólo convalidará la nueva normativa laboral si se devuelve a las comunidades autónomas la competencia para autorizar los EREs, que –tras la reforma del PP en 2012- pasó a ser exclusiva responsabilidad del Estado, y sigue siéndolo tras el real decreto preparado por la ministra Díaz. El consejero Torrent también ha exigido que la norma considere de mayor rango los convenios de sector regionales, haciendo que tengan más valor que los convenios estatales. Se trata de un absoluto contrasentido que una acuerdo de carácter regional tenga más valor que uno de carácter nacional, pero para ERC, esta parece ser una de las cuestiones claves que el Gobierno de Sánchez debe resolver si espera contar con su apoyo para la convalidación.

Es preocupante la deriva que –cada vez más- se observa en las peticiones de los grupos independentistas para continuar manteniendo su apoyo al Gobierno Sánchez. Ya no se trata sólo de obtener un trato preferente en materia de inversiones, o de lograr más competencias. Lo que se pide ahora es que el Gobierno central renuncie expresamente a defender la lógica del funcionamiento autonómico, tal y como se recoge en el título octavo de la Constitución y las leyes que lo han desarrollado. La propuesta de considerar de más valor un convenio suscrito en Cataluña  que uno suscrito en el conjunto del Estado no se sostiene. Como tampoco se sostiene que ERC utilice sistemáticamente cualquier posibilidad negociadora, cualquier necesidad de apoyo por parte del Gobierno central  para ir agravando la brecha legal entre Cataluña y el resto de España. Para justificar una propuesta absurda, Torrent ha explicado que los convenios sectoriales autonómicos responden a la negociación colectiva (todos lo hacen) y por eso deberían ser respetados, porque protegen mejor los intereses de los trabajadores de Cataluña. ¿El motivo? Torrent esgrime que el coste de la vida es superior en Cataluña, y los salarios son mejores, por lo que si se impone a Cataluña el cumplimiento de los convenios de ámbito estatal, eso podría afectar al bolsillo de los obreros catalanes. En realidad, funciona exactamente al revés: los convenios estatales, en la práctica, tienden a reproducir las mejores condiciones salariales consolidadas en cualquier parte del territorio nacional. Si Cataluña y las regiones más ricas se desgajan del cumplimiento de los convenios estatales, lo que ocurrirá será que estos tenderán a amoldarse a la baja.

Después de décadas de pelear en toda Europa por favorecer la disminución de las diferencias retributivas entre los territorios de la Unión, la propuesta catalana supone un retroceso y también un riesgo de fraccionar territorialmente un sindicalismo cada vez más dividido y corporativizado. Es probable que el Gobierno transija en el asunto de los EREs –de menor trascendencia- y no en este, al que los sindicatos sin duda se opondrán, si les queda algo de vergüenza. Pero mientras los independentistas juegan a extremar sus exigencias, aquí no se habla prácticamente nada del verdadero alcance de una reforma con tintes cosméticos que no se ha acercado siquiera al cumplimiento de los objetivos anunciados en su día por Podemos, especialmente en  materia de indemnizaciones. Es muy chocante que los sindicatos estén tan callados sobre eso.

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