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OPINIÓN | En las próximas semanas…| Francisco Pomares

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El Gobierno regional entregó ayer el segundo lote de viviendas –doce, esta vez- compradas por Visocan para entregarlas provisionalmente a familias de Tazacorte afectadas por el volcán. La semana pasada se entregaron otras cinco en Fuencaliente, también a familias afectadas, pero se entregaron vacías, sin muebles ni enseres, sin posibilidad de ser ocupadas y usadas inmediatamente. Eso disparó la crítica de muchos palmeros. El reparto de las llaves a las familias elegidas por el Comité técnico que ha decidido el orden del reparto, se produjo en la Casa de la Cultura, y después los afortunados visitaron los inmuebles y firmaron la aceptación del préstamo y el contrato con Visocan del alquiler, un alquiler no pagado los tres primeros años, y el cuarto exento de pago en un noventa por ciento. Las casas son pisos situados en el casco de Tazacorte, con uno o dos o tres dormitorios, de entre sesenta y noventa metros cuadrados y con la cocina equipada con los electrodomésticos básicos.

El Gobierno hace lo posible por cumplir su promesa de facilitar lo necesario a las personas desalojadas por el volcán. Se ha comprometido a entregar un mínimo de 10.000 euros por familia para que compren los enseres que necesiten, y a abonar el agua y la luz a quienes no puedan permitírselo. La intención del Gobierno es poder repartir otras cien viviendas antes de que termine este año, 18 que ya se han adquirido en Tazacorte y Fuencaliente, diez compradas por Visocan, y 75 que van a ser compradas “en las próximas semanas” en Tazacorte y Los Llanos, más las casas de madera, de las que las primeras treinta llegarán “en las próximas semanas…” y se instalarán en El Paso. El problema es que, incluso si se cumplen las previsiones del Gobierno –y eso suele ser poco frecuente- a finales de este año quedarán centenares de familias por instalar, y cuando se produzca esa instalación, sólo será provisional.

La idea que circula estos días por La Palma, abonada por las declaraciones del propio presidente Torres y respaldada por Pedro Sánchez, es que a la instalación provisional seguirá una reinstalación definitiva, en zonas próximas a los lugares donde antes vivían los afectados, y que eso sucederá cuando el Gobierno consiga encontrar territorio disponible, acondicionarlo y construir las casas que finalmente ocuparan los afectados. Es una idea falsa.

Pocos días después de la erupción, Torres y Sánchez adquirieron el compromiso de recalificar los terrenos de la zona para reparar los daños causados y permitir nuevas construcciones. El Gobierno anunció el 21 de septiembre que aprobaría un decreto ley para regular el uso de suelo rústico o de propiedad municipal. Se dijo que se convalidarían esos terrenos para poder construir en ellos viviendas temporales. “Esa es la clave”, respondió entonces Noelia García, obviamente preocupada por el retroceso del censo de su municipio, el más poblado de la isla. La alcaldesa de Los Llanos ha sido la más rápida y ha facilitado ya dos grandes parcelas de suelo para ubicar a cien familias.

En cuanto a Torres, anunció el nueve de noviembre que se aprobaría el decreto dos días después. El consejero Franquis aseguró que eso permitiría “un margen mucho mayor que el que tenemos”. Pero el decreto no se ha aprobado todavía. Es de una cierta complejidad, y no debería improvisarse. Pero si se tarda lo que se tarda en aprobar un decreto, imaginen cuanto se tardará en modificar un plan urbanístico o cambiar una ley que establece que no puede actuarse sobre territorio geológico reciente. Sin duda, algo más que un par de semanas…

Va a ser muy difícil volver a ubicar a la gente cerca de dónde vivían. Y además quizá no sea una buena idea: no existe ninguna garantía de que tras apagarse, el volcán no reincida dentro de diez, quince o veinte años. Es imposible preverlo. Al Gobierno regional le ha caído un buen marrón. Por eso deben decir la verdad: dejen de hablar de un par de semanas… pasarán años antes de que se resuelvan los problemas. Y ni siquiera se podrán arreglar todos.

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