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INFRAESTRUCTURAS | Jorge Coderch: «La situación del planeamiento en Canarias es de parálisis absoluta»

El arquitecto y experto en urbanismo advierte que el Gobierno de Canarias va a tener que utilizar decretos ley para sacar adelante los proyectos de las inversiones que vienen de Europa

EBFNoticias |

Jorge Coderch Figueroa, arquitecto y experto en urbanismo, afirmó, durante su intervención en el Ciclo Movilidad, Transporte y Descarbonización, que organiza la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, en colaboración con la Fundación Cultural Canaria de Ingeniería y Arquitectura Betancourt y Molina, que la situación del planeamiento en Canarias está en una situación evidente de parálisis, porque no se ha aprobado prácticamente ningún documento desde 2017, y advirtió que este bloqueo tendrá consecuencias para las inversiones que llegarán de Europa destinadas a la transición verde. «Nos encontramos en una situación insostenible y el Gobierno de Canarias va a tener que recurrir a decretos ley para sacar adelante los proyectos de estas inversiones», aseguró.

Para Coderch, la Ley 4/2017, con la que hubo mucho debate, no ha generado ninguno de los efectos perversos que supuestamente se preveían. Desde 2017 hasta hoy se han aprobado solo tres planes generales en Canarias, que son dos en La Palma (Garafía y Puntallana) y uno en Gran Canaria (Santa Brígida). El arquitecto recalcó que municipios tan importantes en Tenerife como Santa Cruz, La Laguna y Arona tienen un planeamiento completamente obsoleto.

Respecto al resto del planeamiento urbanístico, como las modificaciones menores o revisiones parciales de los planes generales, o los planes parciales y especiales, consideró que las cifras también son absolutamente escandalosas, puesto que después de 2017 solo se han aprobado 15 de ellos (ocho en Tenerife, tres en Fuerteventura, dos en La Gomera y dos en La Palma), y «algunos meramente abordan cuestiones insignificantes».

El experto en urbanismo recordó que, una vez aprobado el planeamiento, es necesario gestionarlo y advirtió que, aunque las iniciativas privadas han ido funcionando por la rentabilidad inmobiliaria que suponen para el inversor, «la falta de gestión pública es el mayor fracaso del urbanismo canario».

Sobre este asunto señaló que a pesar de haberse creado entidades públicas de gran envergadura que no paran de crecer (como GESPLAN o las Gerencias de Urbanismo de Santa Cruz y La Laguna), entre cuyas funciones estaba supuestamente la de gestionar suelo, «es manifiesta la falta de instrumentos de gestión urbanística de iniciativa pública que hayan salido adelante».

Sin embargo, afirmó que la gestión del planeamiento es posible, para lo que citó el caso de San Isidro, en Granadilla, que gestionó su equipo, conjuntamente con la oficina técnica municipal, y «hoy por hoy es una ciudad muy digna desde el punto de vista de la urbanización y los equipamientos, como resultado de un proceso en el que el alcalde se reunió con propietarios de parcelas de 100 o 200 metros y los convenció de que cedieran el 20% para que la calle fuera un poco más ancha».

Las causas

El arquitecto analizó las causas de esta parálisis y descartó que la legislación urbanística sea la responsable: «Pese a que hay cuestiones a corregir, básicamente los planes no están parados por culpa de la legislación».

Por el contrario, sí consideró «importante» la afección que la legislación sectorial estatal (Costas, Aeroportuaria, Defensa, etc.) tiene sobre el bloqueo del planeamiento. Según aseveró, el diálogo con estas instituciones es prácticamente imposible, dado que «aunque viajes a Madrid y te reciban de forma muy amable, te piden que dejes los documentos y te dicen que ya te contestarán». Sin embargo, a pesar de que se trata de informes vinculantes que impiden continuar con la tramitación y aprobación de un plan, suelen no contestar en el plazo establecido (llegando a tardar varios meses o más), con respuestas muy rígidas y poco aclaratorias que se limitan a enumerar los artículos o las disposiciones legales de aplicación. Además, los tribunales siempre le suelen dar la razón a los dictámenes estatales, por mucho que no los hayan hecho en plazo.

Coderch añadió que ahora se está exigiendo también que todos los objetivos que planteaba la Ley de Costas sobre la servidumbre de acceso, tránsito y protección haya que hacerlas efectivos cuando se tramite el planeamiento. «El problema es que, si queremos hacer eso, el nivel de inversión pública para expropiar los suelos y hacer la obra para adecuarse a los objetivos de la Ley, hace insostenible el plan y, por lo tanto, no aprobable», incidió. En este punto, recordó que un planeamiento para ser aprobado debe contemplar la capacidad financiera de la administración promotora para abordar económicamente las determinaciones del plan. Además, los tribunales siempre le suelen dar la razón a los dictámenes estatales, por mucho que no los hayan hecho en plazo.

El arquitecto continuó afirmando sobre las causas que «cada vez se plantean niveles de excelencia mayores» en la legislación, pero sin que se concrete como han de ser reguladas o articuladas en un instrumento de planeamiento.

El arquitecto citó como ejemplo de indefinición el caso de los informes sobre el impacto de género, cuyo contenido frecuentemente se confunde con aspectos propios de la seguridad en el espacio público (parques, calles, etc.), que afecta no solo a la mujer sino a todas las personas, y en especial a otros colectivos vulnerables como niños y personas mayores.

Respecto a la accesibilidad, aclaró que en Canarias hay un problema claro e irresoluble, debido a que no se puede cumplir en muchos casos con la exigencia del 6% de pendiente máxima en los recorridos peatonales, aunque estuvo de acuerdo en que hay que buscar alternativas que maximicen la accesibilidad del territorio, recordó que muchos municipios cuentan con pendientes medias del 20%.

Otro tanto comentó de las medidas sobre la reducción de la huella de carbono, para reiterar que está a la espera de que le aclaren una metodología para establecer medidas concretas que se puedan incorporar en el planeamiento.

En definitiva, Coderch defendió que al planeamiento urbanístico no se le pueden seguir añadiendo aspectos que serían más propios de otros instrumentos, como los proyectos y ordenanzas de urbanización.

Por otra parte, señaló que la evaluación ambiental tiene una incidencia «muy importante» en la paralización del planeamiento. De hecho, ha sido causa de anulación de planes generales como los de Santa Cruz de Tenerife, el Rosario, Arona o Los Llanos de Aridane. En su opinión, desde el año 95 en Canarias ya había un reglamento autonómico del contenido ambiental en los planes de ordenación que estaba muy bien. Sin embargo, aunque lo contemplado en la Ley estatal 9/2006 no aportara diferencias importantes, los tribunales entendieron que esos planes no estaban adaptados a dicha ley, por lo tanto, fueron anulados sin entrar a valorar el contenido de estos.

El arquitecto sostiene que se ha generalizado para el planeamiento urbanístico una legislación que partió de la evaluación ambiental de proyectos, lo que ha supuesto la elaboración de documentos ambientales de gran dimensión que muchas veces no están en consonancia con el alcance del plan, y además a su vez supone el aumento de las fases de tramitación y, por lo tanto, más tiempo para la aprobación de este.

Además, señaló que en la legislación vigente el órgano ambiental que tiene que pronunciarse sobre el plan sólo lo hace al final del proceso, cuando el ayuntamiento ya ha hecho la aprobación provisional del plan general, lo que puede ser seis u ocho años después de haberse iniciado el procedimiento. A este respecto, demandó un cambio legislativo para que el órgano ambiental se pronuncie en fases anteriores, sin perjuicio de que realice un chequeo al final.

También calificó de «disparate» que en ocasiones pueda decidirse la valoración del impacto mediante una matriz de sumas y restas en la que si supera el cinco está aprobado, cuando puede ser la afección a un solo factor ambiental el que suponga que no se deba aprobar porque el impacto es brutal. Con fórmulas o sistemas de evaluación similares se han realizado declaraciones ambientales como «poco significativas», que sí que han generado un impacto importante.

Coderch consideró extremadamente importante la incidencia que ha tenido la judicialización del planeamiento de Canarias, aclarando que ha influido tanto a la clase política como al personal de la administración. Por un lado, destacó que algunos planes han sido anulados globalmente por incidencias menores, abogando por que, mediante una modificación de la Ley, este tipo de problemas puedan solventarse con la posibilidad de que sean anulados sólo parcialmente.

Otro de los factores que señaló como la raíz de estas anulaciones, son lo que llamó «buscadores de Wally», quienes en algunos casos pueden ser gente que con criterio legítimo o en defensa del interés general buscan causas de anulación del plan porque entiendan que el plan en sí es un disparate, pero también suele ocurrir que un determinado promotor prefiera un plan anulado y esperar a que uno nuevo consolide una ordenación más favorable a sus intereses. En este sentido, apostilló que entre estos «buscadores» los hay que de manera absolutamente deshonesta recurren a chantajes o amenazas a los técnicos y personal del ayuntamiento si no se doblegan a sus intereses, lo que es extensivo con relación a las licencias urbanísticas.

Sobre las anulaciones por procedimientos penales, aseguró que hay un desconocimiento bastante generalizado de los penalistas del derecho administrativo, afirmando que la complejidad del urbanismo hace necesario explicar los antecedentes, objetivos y razones por las que se hacen las cosas: ante un tribunal no es posible contestar con un lacónico sí o no, pero los jueces, fiscales y abogados, en muchos casos, entienden que no cabe la posibilidad de interpretar.

Asimismo, alertó sobre que, tal y como establece el Código Penal, informar favorablemente un plan puede conllevar pena de prisión si así lo determinan los tribunales, lo que no ocurre en caso de haber informado negativamente o cuando no se informa. Para el experto en urbanismo, esto tiene una transcendencia total, porque, a fin de evitar el potencial riesgo de condena, se prefiere dejar el expediente sobre la mesa o bien requerir «cada día una bobería mayor» para evitar tener que pronunciarse.