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LA LAGUNA | El Grupo de Gobierno lleva a Pleno la aprobación del Reglamento del Consejo Municipal de Prevención de las Adicciones

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La Comisión de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna ha aprobado, por unanimidad de todas las formaciones políticas, el primer Reglamento del Consejo Municipal sobre Prevención de las Adicciones, un documento que se elevará al Pleno de esta semana para su aprobación definitiva y entrada en vigor. La norma, en sus sucesivas fases, se ha elaborado con la máxima participación de colectivos, asociaciones y ciudadanía, y permite contar con un instrumento municipal con capacidad de actualización constante para la acción preventiva ante las nuevas sustancias y conductas de riesgo, como las apuestas online o el uso compulsivo de móviles, videojuegos y redes sociales.

Este Reglamento sustituye al aprobado en 2003 y permitirá poner en marcha el Consejo Municipal sobre Prevención de las Adicciones de La Laguna, paralizado hace casi una década, en el que se apuesta por la mayor participación social posible y por involucrar a toda la ciudadanía y sectores sociales en la prevención de las drogodependencias. El Consejo colaborará en la planificación y la toma de decisiones, así como en la evaluación de las políticas públicas en materia de prevención de las adicciones y promoción de la salud.

Ante la situación actual y los nuevos retos postpandémicos, el Área también está actualizando, con la participación de las diferentes entidades e instituciones, el III Plan Municipal de Prevención de las Adicciones y Promoción de la Salud, una norma con la capacidad de actualizarse y y adaptarse a las nuevas y futuras realidades sobre adicciones a sustancias y comportamentales, sus objetivos, medidas, procesos, estructuras y recursos. Además,   incorpora una amplia estrategia de prevención, sensibilización y promoción de la salud, especialmente dirigida a la infancia y la juventud, y que involucra a todos los sectores de la comunidad. Esta nueva norma local está en la fase de aportaciones y se espera poder someterlo a la aprobación inicial del Pleno a final de año.

El concejal de Bienestar Social y Drogodependencias, Rubens Ascanio, explica que este órgano de participación y el nuevo Plan permitirán que «nos adaptemos a las nuevas realidades y retos que nuestro municipio demanda, favoreciendo la cooperación y coordinación de los diferentes actores implicados en la materia, además de aumentar la efectividad de las actuaciones que se lleven a cabo, optimizando los recursos desde criterios de eficacia y eficiencia».

En este sentido, recuerda que «el Área ha detectado, en los últimos años, el crecimiento de estas nuevas adicciones relacionadas con el juego, las apuestas y la tecnología, agravados con la pandemia, además de una extensión del uso compulsivo de alcohol en fines de semana y el uso de cannabis y cocaína. A esto se suma un nuevo patrón de policonsumo y estamos asistiendo, además, a un cambio sustancial del fenómeno del uso y abuso de sustancias y sus factores asociados, con la progresiva desaparición de la marginalidad y el estigma social de la persona drogodependiente, con el uso de nuevas sustancias, la disminución de la edad de inicio y un nuevo discurso social que, aparentemente, banaliza los efectos de algunas sustancias de tipo ilegal».

Esta realidad, «requiere una respuesta preventiva, integral e integrada desde políticas públicas municipales, en el marco de la promoción de la salud y con actuaciones basadas en la ética del cuidado que deben ser gestionadas con una gran participación e interacción de los distintos niveles de Gobierno municipal, agentes económicos y sociales, y demás grupos de interés, tanto en la planificación como en la toma de decisiones y evaluación de estas políticas públicas», señala Ascanio.

El Consejo Municipal sobre Prevención de las Adicciones del Ayuntamiento de La Laguna se constituirá tras la entrada en vigor del Reglamento como un órgano colegiado de naturaleza participativa, especializado, consultivo y no vinculante de la administración municipal, que facilitará la participación de las asociaciones, organizaciones y agentes sociales con intereses en las políticas de prevención.

Los objetivos del Consejo incluyen establecer líneas de actuación consensuadas, garantizar la conexión con otros planes de carácter general o sectorial de ámbito local, insular y autonómico; determinar previamente los recursos necesarios y disponibles para ejecutar las actuaciones del Plan de prevención; establecer los marcos de colaboración interinstitucional necesarios para garantizar la rentabilidad en el uso de los recursos, así como generar redes y estructuras participativas de trabajo para cada área, ámbito y nivel territorial.

Además, presentará iniciativas, sugerencias y propuestas para que sean discutidas en los órganos de gobierno correspondientes y podrá proponer soluciones a los problemas concretos o globales que aparezcan en el municipio, tanto en referencia a la prevención de la demanda, como en el control de la oferta; colaborar en estudios y elaboración de programas, proyectos y disposiciones generales de prevención de uso de sustancias y otras conductas de riesgo; asesorar en la elaboración de programas de actuación y en la optimización de los recursos en esta materia existentes en el municipio, así como colaborar en la coordinación de estos programas y en las actuaciones de sensibilización e información que, directa o indirectamente, estén implicadas en la prevención de las dependencias o adicciones.

Corresponsabilidad social

Su  objeto será dar respuesta a las actuaciones del Área de Coordinación y Participación del Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias para promover una política eficaz de prevención, coordinando las acciones que se realicen en el municipio en esta materia, así como facilitando la participación de los distintos agentes sociales, educativos y cívicos corresponsables en el marco de la promoción de la salud. En este sentido, la norma defiende, como uno de sus planteamientos fundamentales, la importancia de sumar la responsabilidad pública y la corresponsabilidad social, desde la premisa de que todos los actores sociales, desde el vecino o vecina hasta las empresas, pueden y han de contribuir en la medida de sus posibilidades.

Asimismo, el Reglamento recoge la necesidad de la actualización y participación continuas, ya que «las situaciones personales y sociales asociadas al uso de drogas y otras conductas son multifactoriales y mutantes».