El Gobierno de Canarias aprobó ayer su proyecto de ley de Presupuestos para el próximo año, por un montante total cercano a los 9.100 millones de euros, que incluye un crecimiento de 624 millones, un 7,4 por ciento más que el presupuesto del año anterior. En la presentación del proyecto, realizada al alimón por Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez, se hicieron las consideraciones propagandísticas de rigor sobre la intención de no incrementar la fiscalidad, y el consabido anuncio del chorro de millones que se inyectará en políticas sociales y –según dijo Torres- en “la transformación verde y la transición ecológica”, que aunque parezcan la misma cosa, probablemente deben ser cosas distintas. Y como novedad volcánica, una mención a cien millones de euros para La Palma, a aumentar.
El presupuesto, como de costumbre, se sostiene en un cuadro macroeconómico elaborado por la Consejería de Economía, que parece extraordinariamente optimista, apostando por un crecimiento del PIB regional del 14 por ciento, una reducción de la tasa de paro por encima del 20 por ciento y un déficit por debajo del medio punto, entre el 0,3 y 0,4 por ciento. Torres y Rodríguez no explicaron ayer de dónde saca Economía esas alentadoras previsiones, que convierten a Canarias en el territorio con mayor tasa de crecimiento del PIB en toda Europa, ni anunciaron cálculo alguno sobre inflación, a pesar de que la inflación es hoy la principal amenaza para la recuperación económica, y además sus efectos pueden ser especialmente desastrosos para Canarias. El principal factor de crecimiento de la inflación en España es el precio disparado del gas, que se ha multiplicado por cinco en el último año, y aunque en las islas se depende de él más residualmente que en territorio continental, afecta al coste del transporte de mercancías por mar. El precio del contenedor se ha quintuplicado (como el del gas) en el último año, y hay problemas además con el retraso en la entrega de los suministros. No hay contenedores, ni palets de madera, ni cartón para embalar, y eso encarece de forma brutal la logística. Canarias depende absolutamente del transporte marítimo para la llegada de mercancías para su parca industria, y –sobre todo- para consumo de su población. El desabastecimiento encarece los productos y dispara la inflación. Pero de eso no se habló ayer ni pío: Torres y Rodríguez se limitaron a asegurar que el proyecto de Presupuesto había sido “aprobado por unanimidad” –se entiende que de los partidos que apoyan al Gobierno- y a aclarar que las cuentas responden a la captación de recursos europeos y del Estado, y a la confianza en que la recuperación económica permitirá que se cumplan las previsiones de ingresos. O sea: lo normal y corriente.
Hubo también una inesperada y preocupante reflexión realizada a boca chica por Román Rodríguez. Después del optimismo tradicional, las cifras de crecimiento, la consolidación de la recuperación y el olvido de la inflación como elemento a tener en cuenta, el vicepresidente –médico no ejerciente- hizo referencia a las incertidumbres que aún provoca el Covid, y se refirió a su variante Delta, “que podría provocar limitaciones a la movilidad”. No insistió, pero cuando un ministro o consejero hace un quiebro de ese tipo, suele ser que no las tiene todas consigo. La cuestión subyacente es la expansión de la contagiosa variante Delta plus, que ha disparado el número de infecciones en Reino Unido a cifras previas a la gran campaña de vacunación, con 900 contagiados por cada cien mil habitantes. La mayor parte de los casos registrados en España de la nueva y contagiosa variante son de turistas británicos, nuestra principal clientela. Lo ocurrido esta semana en Benidorm –municipio turístico levantino frecuentado por miles de británicos- y con más de 250 contagios por cada cien mil habitantes, es un pésimo precedente: Canarias no puede permitirse perder esos visitantes, pero tampoco debería exponerse al riesgo de un contagio masivo.
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