FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Solidaridad obligatoria | Francisco Pomares

El concepto de ‘solidaridad obligatoria’, inventado por Ángel Víctor Torres para referirse a la necesidad de que se establezca la obligación de compartir entre las distintas comunidades autónomas la carga que suponen los menores inmigrantes, es un oxímoron. La solidaridad no puede ser obligatoria, ni forzosa, porque entonces deja de ser solidaria. La solidaridad consiste precisamente en una adhesión o apoyo incondicional y voluntario a intereses que no son los nuestros. Y lo que es incondicional o voluntario no puede producirse por mandato. Torres es filólogo y sabe perfectamente que está usando un recurso literario: ha acuñado un término en perfecto politiqués, para exigir que el resto de las regiones hagan lo que tienen que hacer, y asuman su cuota parte en el que va a ser –sin duda- uno de los problemas más graves de este siglo, la emigración desde África a Europa. Un problema en el que a Canarias le va a tocar ejercer de frontera ante masivos flujos migratorios.Lo que pretende Torres es que la solidaridad interterritorial sea de obligado cumplimiento, llevando a cabo reformas legales, con el fin de que todos los territorios españoles se impliquen en la atención e integración de los menores que se arriesgan a dar el salto a la frontera sur de Europa. Los migrantes adultos pueden ser repatriados, dispersados, enviados a otros lugares… pero los menores no. Canarias tiene la obligación legal de hacerse cargo de ellos, por eso el Gobierno se ha comprometido a enviar 50 millones de euros para paliar de alguna manera el coste que sostener a esos niños y jóvenes supone para la hacienda de las islas.

A Torres le replicó el jueves en el Senado su propio senador, Santiago Pérez, del que es posible recordar cómo no hace tanto se oponía rotundamente a las instalación de campamentos para acoger inmigrantes en el término municipal de La Laguna, donde era concejal. Pérez se despachó contra la propuesta de Torres asegurando que hay que cumplir la ‘lógica de Estado’, una forma de quitarse el asunto de encima sin molestar a sus jefes de Madrid, afirmando que la organización territorial de las autonomías impide al Gobierno central intervenir en decisiones que les corresponden a éstas.

Los socialistas optaron en el Senado por votar en contra de una iniciativa del senador Chinea, de la Agrupación Socialista Gomera, insistiendo en que la fórmula para resolver el problema de los menores no acompañados es lograr que prime milagrosamente la colaboración entre territorios, y considerando inviable la propuesta de Torres de repartir a los menores por cuotas entre las regiones españolas.

No tiene que ser necesariamente así: en situaciones de emergencia nacional, el Gobierno tiene la capacidad de aplicar las medidas que considere necesarias, aunque colisionen con esa ‘lógica de Estado’ que defiende Pérez. Las intervenciones del Gobierno Sánchez durante la pandemia, muchas de ellas cuestionadas por el Tribunal Constitucional, nos demuestran que el Ejecutivo tiene recursos para imponer su criterio cuando lo estima conveniente. Y también cabe la posibilidad de modificaciones legales. Para un Estado que incumple sistemáticamente el REF –por ejemplo- por entender que el Presupuesto es de mayor rango, no debería ser tan difícil encontrar el sistema de imponer un sistema de reparto por cuotas regionales en la atención a los menores inmigrantes.

En los dos últimos años, Canarias ha recibido a 37.000 inmigrantes llegados irregularmente cruzando el mar, de los que aún permanecen aquí algo más de 7.000. De ellos, 3.000 son menores, según los datos ofrecidos por Torres. Andalucía, con siete millones de habitantes acoge 2.500 menores, Cataluña, poco menos de 1.200, Madrid, 360…  No sé si eso es lógica de Estado o qué, pero no parece muy razonable ni equitativo.

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