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El Cabildo y los ayuntamientos de la isla ha constituido a Comisión de Modernización Insular, un órgano de coordinación, participación y seguimiento con el que se garantiza el desarrollo integral de los proyectos en materia de modernización de la administración local. En este primer encuentro se han definido, entre otras cuestiones, los proyectos que se pueden incluir en el Plan de Modernización Municipal 2022.
La vicepresidenta segunda y consejera insular de Presidencia, Hacienda y Modernización, Berta Pérez, y el director insular de Modernización, Daniel González, han encabezado este encuentro, en el que el Cabildo presentó su propuesta para incluir nuevos planes vinculados a la administración electrónica, la accesibilidad de los portales de internet, la protección de datos o la mejora de las capacidades digitales de la ciudadanía a través de los centros de la RICID.
Berta Pérez, explicó que “a partir de ahora se abre una fase participativa en la que los ayuntamientos tienen un mes para realizar sugerencias, proponer mejoras o incluso proyectos diferentes. Se espera que una vez se evalúe toda esta información, el Plan de Modernización Municipal para el año 2022 pueda ser aprobado antes de que finalice este año”.
La consejera añadió que la Comisión de Modernización Insular constituida “establece un importante canal de coordinación y participación previsto en el Reglamento de Asistencia Integral a los Municipios, que es un paso más en la puesta en funcionamiento de este nuevo modelo de asistencia que hemos implantado en este mandato, y que beneficia especialmente a la ciudadanía de los municipios de menos de 20.000 habitantes”.
Daniel González detalló que, en el transcurso de la reunión, la Comisión evaluó el grado de ejecución de los proyectos del Plan de Transformación Digital 2018 y comenzó el proceso de justificación de los proyectos del Plan de Transformación Digital 2019, en el que los ayuntamientos están en plazo para presentar alegaciones.
Además, se repasaron los proyectos incluidos en los planes de 2020 y 2021, que han sido prorrogados hasta principios del próximo año, con el objetivo de que los ayuntamientos mejoren el grado de ejecución de los mismos.
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