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LA LAGUNA | El municipio mantiene las ayudas al alquiler durante tres años para las familias con dificultades económicas del grupo de 119 viviendas en San Matías

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La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Laguna ha aprobado la propuesta del Área de Bienestar Social para garantizar la continuidad del programa de ayudas al alquiler del que se benefician las familias con dificultades económicas del grupo de 119 viviendas protegidas en San Matías, una medida que implicará destinar un total de 331.185 para los ejercicios de 2021, 2022 y 2023 y con la que se da cumplimiento al nuevo convenio con Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) para el citado trienio.

Este nuevo acuerdo, que otorga seguridad jurídica a todas las partes y mantiene las condiciones para las personas beneficiarias, se ratifica en los informes de los servicios sociales municipales, del Servicio de Presupuestos municipal y de MUVISA, y cuenta con una valoración económica que se ha estimado en 110.395 euros cada año. El Ayuntamiento abonará directamente a Visocan las ayudas para las personas beneficiarias, tras la pertinente revisión anual, con el fin de que las subidas de precios no afecten a estas personas en situación de precariedad económica y en riesgo de exclusión social, que mantendrán la vivienda abonando un mínimo mensual de 50 euros.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, señala que con este acuerdo «damos cumplimiento al compromiso que adquirimos en su día con los vecinos y vecinas de las 119 viviendas de San Matías para garantizar que puedan seguir contando con un hogar digno, en nuestra política de que atender de manera prioritaria las necesidades sociales en el municipio». El alcalde ha valorado el trabajo desarrollado desde la Concejalía de Bienestar Social, y de su concejal Rubens Ascanio, «a la hora de atender las necesidades habitacionales de estas personas y hacer posible la continuidad de este programa de ayudas al alquiler».

Por su parte Rubens Ascanio recuerda que esta situación parte del «riesgo de desahucio de familias de esa promoción que, tras un acuerdo plenario del pasado mandato, se optó por resolver con este convenio en el que se apuesta por la intervención social y en la colaboración con las familias que desean firmar esta ayuda». Desde el Área, «estamos trabajando desde 2019 con Visocan para mejorar esta situación y otras, para resolver las situaciones complicadas de familias que optaron por este tipo de viviendas en régimen de alquiler, siendo perfiles para viviendas sociales que en ese momento no existían».

El edil indica que van a seguir con esta vía, que «aborda la problemática que tiene mucha relación con la ausencia de un Plan de Vivienda entre 2012 y 2020, cuyas consecuencias deben ser afrontadas por convenios como este, para evitar generar más daño a las familias más vulnerables».

Asimismo, al igual que con el resto de líneas de ayudas de Bienestar Social y tal y como se establece en la Ordenanza reguladora de las Prestaciones Económicas Municipales (PEM), la concesión de estas ayudas está vinculada al desarrollo de un Plan de Intervención con las y los miembros de la unidad de convivencia, dirigido a subsanar los factores que dieron lugar a la situación de necesidad, y su participación en acciones formativas que favorezcan su empleabilidad y reinserción social.

Este grupo de 119 viviendas fueron puestas a disposición en régimen de alquiler a finales del año 2013, según Calificación Definitiva de Viviendas Protegidas de Régimen Especial, en arrendamiento para un periodo de 25 años. Desde hace más de 5 años, un número muy elevado de arrendatarios y arrendatarias cuentan con deuda de alquiler con Visocan, al acreditar sus dificultades para afrontar el pago.

En este caso, se da la particularidad de que, al contrario que con las otras más de mil protegidas propiedad de Visocan en el municipio y destinadas a alquiler subvencionado, donde los inquilinos son adjudicados por el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y el importe del alquiler viene determinado por los ingresos de la unidad familiar, estas viviendas con garaje estaban destinadas a alquiler privado y se adjudicaron directamente por Visocan, con un importe de alquiler más bajo que en el mercado libre.

La aportación plurianual de las ayudas por parte del municipio ya está recogida en los presupuestos de este año y en el Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2023, lo que garantiza la cobertura económica del nuevo convenio suscrito entre el Ayuntamiento y Visocan para el periodo 2021-2023 y con todas las garantías jurídicas. En caso de que una vez comprometidos los créditos de cada anualidad existiese crédito sobrante, el Ayuntamiento podrá liberarlo mediante acto administrativo a fin de poder destinarlo a otras necesidades municipales.

Para la concesión de las presentes ayudas, se exime a las personas beneficiarias de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la seguridad social, conforme al artículo 13.2 e) de la Ley General de Subvenciones.

Nuevos precios

Este nuevo acuerdo establece que Visocan se compromete a establecer los precios máximos de alquiler de las viviendas arrendadas mediante la modificación de los contratos vigentes, de acuerdo a tres tipologías de viviendas y precios, que son 150 euros al mes por las de 1 habitación; 200 euros por las de 2 y 250 euros mensuales por las de 3 habitaciones.

Asimismo, determinará qué inquilinos pueden adquirir la condición de beneficiarios de las ayudas, ello conforme a lo establecido en el artículo 4 del Decreto 32/2020, de 2 de abril, por el que se regula la ayuda a los alquileres de las viviendas protegidas adjudicadas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en régimen de alquiler, esto es, en aquellos casos en los que resulte una cantidad a pagar inferior a los citados precios de alquiler establecidos por Visocan.

Estos inquilinos e inquilinas abonarán, en concepto de arrendamiento, una cantidad que se fijará atendiendo a los ingresos de las unidades familiares y, en cualquier caso, de una cantidad mínima de 50 €. Una parte de la cuantía abonada por la persona arrendataria se destinará a cubrir la deuda que pudiera haberse generado con anterioridad, según determine caso por caso Visocan, sin que afecte a las obligaciones derivadas de este convenio.

Además, formalizará las modificaciones de los contratos de arrendamientos, en los que se recogerá el nuevo precio de alquiler fijado según la tipología de la vivienda, la cuota que asumen las personas inquilinas conforme al criterio establecido en el Decreto 32/2020, de 2 de abril, así como su compromiso de participar en los programas sociales y actividades formativas que determine el Ayuntamiento y que le permitan mejorar las condiciones de empleabilidad, con indicación expresa de que el incumplimiento de este compromiso podrá conllevar, previa valoración por el Ayuntamiento, la pérdida del derecho a la ayuda concedida o su reintegro.

En el plazo máximo de dos meses siguientes a la finalización de cada periodo de un año desde la firma del convenio, Visocan presentará al Ayuntamiento la memoria justificativa de las ayudas, aportando copia de cada recibo de alquiler, así como la documentación en la que se acredite el mantenimiento o la alteración de las condiciones para la obtención de la ayuda.

Asimismo, la entidad adquiere el compromiso de estudiar y, en su caso, impulsar ante la Administración competente, el cambio de la calificación administrativa de viviendas en alquiler de dicha promoción al de venta, para que aquellos inquilinos que cumplan con sus obligaciones respecto del pago de la renta de alquiler sin ayudas, puedan acceder a la propiedad de la vivienda.

Casi 2 millones en ayudas directas a familias en un año

Cabe recordar que el Área de Bienestar Social ha destinado, solo para este ejercicio, casi 2 millones de euros para ayudas directas a familias y personas sin recursos suficientes, lo que supone un incremento superior al 16% respecto al año anterior en más de 20 líneas de PEM diferentes.

Estas se clasifican en Básicas, destinadas a cubrir las  necesidades en alimentación e higiene; Vivienda, para los gastos de alquiler, amortización de hipoteca, suministros básicos (agua, luz), alojamiento alternativo, mantenimiento de la vivienda habitual y permanente, eliminación de barreras arquitectónicas, pequeñas mejoras de la vivienda habitual y adquisición de enseres básicos; Sociosanitarias, para prótesis oculares, auditivas o dentales, tratamientos odontológicos, prótesis, ortesis y gastos farmacéuticos; Inserción social, para escuelas infantiles no públicas y prestaciones ocupacionales, así como otras prestaciones valoradas por la Unidad de Trabajo Social.