FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Fe de ratas | Francisco Pomares

Resulta muy chocante la línea de defensa desarrollada por la gente de Podemos ante la noticia sobre el estado de abandono de algunas de las residencias de ancianos de las islas. Suponía uno que lo razonable habría sido admitir los hechos, plantear la urgencia de resolverlos y justificar la ausencia de reacción ante el informe de la Diputación del Común en la situación de crisis sanitaria… incluso explicar que el burocratismo parlamentario no es precisamente la mejor garantía para que los asuntos urgentes se traten con urgencia. Sin embargo, lejos de una respuesta razonable a un estado de cosas que en absoluto es atribuible en exclusiva a la responsabilidad de la consejería de Noemí Santana, la reacción de los implicados en este penoso asunto –con la excepción de la viceconsejera de Asuntos Sociales, Gemma Martínez Soliño, una mujer que no elude dar la cara y suele asumir sus responsabilidades, y a veces las de otros- ha sido la de esconder la cabeza bajo la tierra y culpar a quienes han denunciado los hechos o a quienes les precedieron en la gestión.

Yo no perdería mucho tiempo amparándome en la herencia recibida: se trata de una excelente excusa, y además hay gran parte de verdad en que el desastre de los servicios sociales en esta región viene de muy atrás, pero ya cansan las excusas, lo que se trata es de buscar soluciones a los problemas. Además, lo que hoy es Derechos Sociales ha sido gestionada en esta legislatura y en la anterior por tres partidos diferentes. Por Patricia Hernández y el PSOE desde el principio de la legislatura pasada hasta finales del año siguiente, después –y hasta el final de mandato, por Cristina Valido, que resultó reprobada sin piedad por los mismos ‘pieles de cristal’ que llevan al frente desde la consejería más de dos años, y que se endemonian cada vez que alguien les señala lo que está mal.

La responsabilidad política sobre el fracaso de la inspección en las residencias está bien repartida, pero hay otras responsabilidades de las que se habla mucho menos, que también contribuyen –y mucho- a lo que ocurre en algunas residencias. Una es de los propios gestores de las residencias, sean públicas o privadas, y otra es la de las familias, que no reaccionan ante el maltrato que reciben sus mayores. Y es esa dejadez la que resulta más escandalosa y más reprobable, moralmente más rechazable, aunque se hable poco de ella.

En cuanto a lo de querer cortarle la cabeza a los mensajeros, ya sean los técnicos, la adjunta de Rafael Yanes, o los periodistas, esa reacción es bastante típica: ante cualquier crítica, la respuesta desde Podemos suele ser la descalificación. Quienes no están por la labor de aplaudir lo que se hace desde el podemismo gubernamental, son por sistema calificados de fachas, golfos, vendidos o incompetentes. Pero eso no es el asunto ahora: el asunto es si algunas de las cosas que se han dicho desde la consejería son verdad o no lo son. Por ejemplo, se nos ha dicho que la consejería no conocía el informe, y que por eso no se hizo nada, y eso no es verdad: la fiscalía conocía el documento desde que fue enviado al Parlamento en noviembre pasado, inició los trámites habituales de fiscalización y trasladó los informes realizados al Gobierno. El problema es que en Derechos Sociales o no se enteran o no les importan los viejos, y es difícil saber qué es peor.

En cuanto a la presidenta de la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento, la lanzaroteña María del Rio, su declaración -ayer en este periódico- afirmando que lo de la ratas no es asunto urgente, que no hay ratas en todas las residencias, y que los datos son anteriores a la pandemia, es pecado híbrido de soberbia y estupidez. Este país va como va porque hay gente capaz de decir tales barbaridades y nadie reacciona. Pero vamos a dejarnos de rodeos: si es mentira que no sabían nada, alguien debería forzar alguna dimisión. Y ya saben a qué sonriente señor de Arucas me refiero.

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