La respuesta del director general responsable, el señor Montero, ha llegado –como suele– por twitter: Montero ha explicado que no todos los muertos eran dependientes ‘a efectos legales’ (ya se dijo que más de 1.200 fallecieron sin haber sido valorados), ni todos los muertos son de este 2021, aunque así lo recojan las estadísticas del Ministerio, que lo que ha pasado es que murieron antes, y el expediente se ha venido a concluir ahora.

Más que el hecho de que la gente se muera sin recibir la ayuda de la Dependencia, a Montero parece preocuparle a quien se le encasqueta la responsabilidad (al Gobierno anterior, por supuesto, con Asuntos Sociales gestionado durante año y medio por el PSOE y dos años y medio por Coalición) y dejar claro perfectamente que él se lo curra mucho esto, que hay días en los que ha tenido que dedicar hasta dos horas para firmar los expedientes, de los que se habría logrado hacer aflorar (como corresponde al ‘pacto de las flores’) cientos de expedientes de personas que murieron en 2018, que no fueron aprobados por el gobierno anterior y que –al pasarse ahora al Ministerio– han venido a desvirtuar las cifras. Lo que no dice Montero es cuantos son exactamente esos cientos. Pero o Montero firma muy despacio o debieron ser muchos, si se pasó varios días firmando durante dos horas.

A ver… No creo que haya ningún Gobierno que se salve en la gestión de la Dependencia, desde que el sistema se implantó de forma bastante estrafalaria en las islas. Nunca se han destinado el personal y los recursos necesarios. Probablemente, lo que dice Montero –cientos de más o cientos de menos– sea verdad. Entre otras cosas porque el desastre en la tramitación de los expedientes es algo ya endémico en la consejería. Ninguna de las últimas consejeras de Asuntos (o ahora Derechos) Sociales ha podido presumir de su éxito. La última, la nacionalista Cristina Valido, fue reprobada por el Parlamento con el voto entusiasta de Podemos. Y antes de ella, ni Patricia Hernández (PSOE), ni Inés Rojas o Marisa Zamora (Coalición), ni Águeda Montelongo (PP) salieron demasiado bien paradas de su paso por la consejería.

Miguel Montero cree que las críticas a la Consejería (constantes desde 2006, cuando se aprobó a ley, y planteadas con extraordinaria ferocidad por Podemos desde su incorporación al Parlamento de Canarias en 2015, se utilizan ahora para “sacar rédito político” y perjudicar la imagen de Ángel Víctor Torres. En realidad, lo de tirarse los muertos de la dependencia a la cara lo estrenó precisamente su partido en la pasada legislatura, como otros tantos excesos. Ahora han descubierto que no es lo mismo prometer que resolver. Ni es lo mismo trabajar que tener dolor de muñeca por estar firmando dos horas seguidas… Eso es falta de costumbre.