La burocracia está demorando la recuperación del sistema de atención a la dependencia de nuestro país, según advierte la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. A pesar del aumento presupuestario de seiscientos veintitrés millones de euros, lo cierto es que no se ha logrado aún que las comunidades autónomas reduzcan las listas de espera de forma significativa.
Preocupante. El Gobierno tiene que afrontar con seriedad la aprobación de esta asignatura pendiente. La Asociación, en un comunicado dado a conocer ayer mismo, admite que esas listas de espera registran cinco mil cuarenta y cuatro personas menos en lo que va de año (un 2,2 % menos) pero otras ciento treinta y nueve han fallecido al día (una cada diez minutos) “en el laberinto burocrático de la ley”.
Según las mismas fuentes, más de cuatrocientas treinta mil personas siguen abandonadas, sin ser atendidas, en las las listas de espera de la dependencia. Es muy fuerte. La prueba del 9 del funcionamiento de la burocracia: la norma nació para un desarrollo ágil y equilibrado. Sin embargo, por las razones que sea, tal desarrollo –circunstancias de la pandemia al margen- se han visto claramente desbordado.
Hay más datos que ponen de relieve la gravedad de la situación. De acuerdo con los datos registrados por el Ministerio de Derechos Sociales, veintinueve mil ciento cincuenta y siete personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia. De ellas, diecisiete mil setecientas treinta y tres tenían derecho y estaban pendientes de prestación, en tanto que once mil cuatrocientas veinticuatro figuraban como pendientes de resolución de grado. Asturias y Madrid son las comunidades con mayor número de decesos.
Las cifras determinan, según la Asociación, que «lejos de nuevos discursos, fotos e intenciones», son necesarias “medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables del país”, de ahí que solicite al Gobierno central y a los autonómicos «reformas que agilicen los trámites».
Este colectivo profesional forma parte del sistema, por lo que es interesante que en su comunicado, en concreto, considere necesario “simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación, sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Asimismo, la Asociación estima necesario “avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia, como único requisito para la puesta en marcha de las prestaciones”.
Es fundamental, lo dicen ellos mismos, abreviar los procedimientos. ¿De qué sirve que el Gobierno haya aprobado el pasado mes de febrero una dotación de doscientos ochenta y tres millones de euros para distribuir entre las comunidades autónomas, si luego las trabas burocráticas se encargan de frenar las tramitaciones?
Oigan, que ciento treinta y nueve personas fallezcan cada día porque la norma no es operativa, es para mirárselo.
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