Desde Sanidad se dice –aún en voz baja– que Tenerife abandonará el Nivel 4 –máxima incidencia de la pandemia– la próxima semana. Es la noticia más esperada desde que –hace ya casi un mes– el consejo de Gobierno decretó esa situación de máxima alerta. Desde el principio, la decisión resultó polémica, y provocó comentarios absurdos sobre la presunta voluntad del Ejecutivo de perjudicar a la isla frente a Gran Canaria. La enfermedad dejó las cosas claras –por desgracia– apenas dos semanas después. El Gobierno decretó el ingreso de Gran Canaria en Nivel 4 el 6 de Agosto (siendo operativo a partir del día 9), coincidiendo con las primeras señales de que la quinta ola perdía fuerza. En efecto, entre las semanas del 21 al 27 de julio y del 28 julio al 3 agosto disminuyeron hasta un siete por ciento la incidencia tanto a siete como a 14 días. Y lo que estás ocurriendo ahora ya no es sólo una tendencia. Las islas suman ya tres días con más altas de pacientes que nuevos casos de Covid. La quinta ola comienza a desinflarse.
Es probable que en un mes la situación recupere cierta normalidad, aunque la persistencia y extensión de los contagios de la quinta ola exigen de mucha prudencia. Sigue muriendo gente, y siguen produciéndose contagios, y aún seguimos teniendo alrededor de 15.000 casos activos, la cifra más alta que jamás hemos soportado en Canarias.
Pero si la campaña de vacunación persiste y logra continuar al ritmo actual, a finales de septiembre podría estar vacunada el 80 por ciento de la población diana, y a finales de octubre el 90 por ciento. Es cierto que cuanto más se avanza en la vacunación, más difícil es seguir vacunando a la misma velocidad, pero hay que ser optimistas. España –y aún más Canarias– no han registrado un gran porcentaje de oposición a la vacuna. Si la campaña mantiene su propia inercia, antes de que concluya este año, será difícil que pueda volver a producirse una ola de la magnitud de esta quinta que aún no nos ha abandonado, pero ya vemos retroceder.
Aun así, no conviene confiarse: si algo ha demostrado hasta la fecha esta nueva enfermedad es su extraordinaria capacidad para adaptarse a las circunstancias y sorprendernos. No tenemos ninguna garantía –aunque sí muchos indicios- de que la pelea por reducir los contagios y neutralizar la enfermedad haya acabado. Dentro de dos meses quizá la situación sea completamente diferente, y podamos recuperar poco a poco la confianza y una cotidianeidad sin restricciones. Será entonces el momento de hacer balance, aprender de los errores y exigir responsabilidades.
Ojalá encontremos la manera de no concentrarnos en los errores inevitables, no confundamos la desidia, la trapisonda o la golfería –pecados no veniales en la gestión pública y privada de esa pandemia– con las consecuencias del desconocimiento sobre la enfermedad o la falta de recursos para hacerle frente. En todas las situaciones de crisis se producen muchos errores humanos. Algunos de ellos, aun cuando puedan haber tenido consecuencias catastróficas –la altísima mortalidad en las residencias, por ejemplo–, no pueden atribuirse automáticamente a nadie en concreto. Pero– aunque se haya olvidado– aquí ha habido gestores que han utilizado el Estado de Alarma para contratar fraudulentamente, gente que se ha enriquecido inflando artificialmente precios de productos imprescindibles para sobrevivir a la enfermedad, o políticos que han jugado a beneficiar a gente cercana. La cacofonía de rumores sobre aprovechamientos impúdicos de la situación de emergencia, que ha acompañado esta crisis sanitaria, debería ser disipada. Cuando salvar vidas deje de ser la primera imperiosa necesidad, habrá llegado el momento de trabajar para recuperar la economía de todos, no sólo la de los más grandes o próximos al poder. Y de ocuparse también de desvelar y castigar el sorprendente y súbito enriquecimiento de algunos pocos.
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