FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Cada palo a su vela | Francisco Pomares

El TSJC considera que no vacunarse es lícito. De hecho lo es, aunque cada uno pueda tener su propia opinión sobre los motivos –egoístas, peregrinos, fruto de la desconfianza o la ignorancia científica– que puedan llevar a una persona sensata a rechazar el único sistema hoy conocido para tener la certeza razonable de sobrevivir al contagio de esta enfermedad siniestra.

Por eso, cree el Tribunal que controlar el acceso al interior de establecimientos públicos, es segregar a quienes no se vacunan. La decisión del TSJC ha provocado una nueva reacción de enfado monumental en un Gobierno regional cada día más crispado ante las decisiones judiciales, además de un estupor generalizado en la población: el TSJC considera que la medida con la que el Gobierno ha intentado hacer frente a la situación de extensión de los contagios en este cuarto nivel/quinta ola, no se atiene a derecho. Ese argumento –basado en criterios legales, en la interpretación de las garantías constitucionales y los derechos ciudadanos– corresponde a la Justicia, y su decisión –una vez presentados los correspondientes recursos- debe ser inapelable, porque la Justicia es la única defensa que tenemos ante el abuso de los Gobiernos y el incumplimiento interesado de las leyes por quienes tienen la obligación de hacerlas cumplir.

En un estado de Derecho, podemos disentir de las sentencias y decisiones judiciales concretas, podemos incluso negarnos a cumplirlas –asumiendo las consecuencias– pero lo que no deberíamos hacer es cuestionar la propia existencia de la división de poderes que ha permitido a la democracia madurar y prevalecer frente a sus enemigos. Quienes arremeten hoy contra los tribunales porque no entienden o no comparten sus sentencias, utilizando el miedo a la enfermedad para jalear la entrega pública a las decisiones indiscriminadas de los gobiernos, le hacen un flaco favor a la Justicia.

Los tribunales tienen legitimidad para decidir en última instancia lo que es legal o no. Pero esa legitimidad debe convivir con la lógica de las cosas. Nunca cuestionaría una sentencia basada en la interpretación de las leyes, pero comprendo que -en situaciones de grave desasosiego social– preocupe una literatura judicial que va más allá de la jurisprudencia para verter opiniones que no le corresponden. Los argumentos basados en el conocimiento de las leyes, o en la crítica fundada a una mala formulación de las medidas gubernamentales, pueden sostenerse a pesar de su impopularidad. Pero no parece razonable que los jueces sazonen sus sentencias con su propia consideración sobre lo que es eficaz o no para combatir esta pandemia. Opinar que no es eficiente –desde un punto de vista epidemiológico– enfrentarse a la enfermedad planteando restricciones de acceso al interior de bares, restaurantes y comercios, no es cosa de los jueces. Ése no es su trabajo, es el de los médicos, sanitarios y especialistas en la enfermedad y sus mecanismos de trasmisión.

Las últimas sentencias del TSJC abundan en un exceso de preocupación por la eficacia sanitaria de las medidas del Gobierno, y sobre su capacidad de frenar la enfermedad, que no corresponde a los jueces. Lo que a ellos les toca es recordar los defectos legales que pueden acompañar las decisiones de salud pública del ejecutivo.

El nuestro es un país donde todos creemos estar capacitados para ejercer de médicos, juristas, entrenadores de fútbol o fontaneros. Es una suerte de idiosincrasia patria, propia de un país trufado de cuñadismo, en el que todólogos, columnistas y opinadores –pongo la venda antes de acabar inevitablemente herido– nos llevamos el premio. El cuñado que soy cree que lo que se intenta hacer desde el Gobierno para frenar la enfermedad, en un momento singularmente difícil y complejo, ha bordeado peligrosamente lo que la legalidad permite. Básicamente ocurre así porque el Gobierno de España dejó tiradas a sus regiones cuando les endosó enfrentarse a la pandemia sin amparar con una ley específica sus decisiones. Pero señalarlo no debería ser una excusa para que Sus Señorías nos den de paso lecciones sobre cómo se combate una epidemia. Ni es esa su misión, ni están cualificados para hacerlo.

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