FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Ocho y media y para nueve | Francisco Pomares

Tardofranquismo, 1970: el Gobierno aprueba la Ley General de Educación, vigente en la práctica hasta 1985. Estableció la enseñanza obligatoria hasta los catorce años, con ocho de Educación General Básica, que daban paso al Bachillerato Unificado Polivalente o a la Formación Profesional. Diez años después, en 1980, la UCD logró aprobar la LOECE, pero fue recurrida por el PSOE ante el Constitucional y nunca llegó a implantarse. Cinco años más tarde, el PSOE, amparado en la aplastante mayoría absoluta del felipismo (202 diputados) aprueba la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) que introdujo la concertación de los colegios privados con el Estado. Justo otros cinco después, el PSOE aprueba la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que liquida la última ley del franquismo, aumenta la escolarización obligatoria hasta los 16 años, crea la ESO, reduce el papel de las humanidades en el sistema educativo y lo descentraliza, dando a las comunidades autónomas la capacidad para decidir la mayor parte de los contenidos educativos. Otros cinco años después, el PSOE –con el apoyo de CiU y PNV– saca la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes, recordada como Ley Pertierra, rechazada por los sindicatos de profesores por creer que permitía la privatización de la enseñanza pública. Curiosamente, fue votada en contra por la oposición conservadora. En 2002, Aznar aprobó la LOCE, que tampoco llegó a aplicarse: fue paralizada en 2004 por Zapatero, que dos años más tarde –con el único voto en contra del PP, IU se abstuvo– aprobó la Ley Orgánica de la Educación, que convertía en voluntaria la asignatura de Religión y hacía obligatoria la de Educación por la Ciudadanía, reduciendo las horas de Lengua y Literatura a sólo 25. En 2013, con el PP de nuevo en el poder, se aprobó la reforma más polémica –la Ley Wert– que acababa con la LOE y la LOGSE, dos leyes socialistas a las que el PP siempre se opuso y que nació con gran oposición, y con la huelga general en la enseñanza de mayo de 2013.

A finales del año pasado, se aprobó la LOMLOE de la ministra Celaá, en cuyo desarrollo curricular se trabaja ahora. Entre las novedades presentadas hace tan solo un par de días, la chiripitiflaútica idea de dar un enfoque socioemocional y con perspectiva de género a la asignatura de matemáticas, además de crear una de valores cívicos y éticos –un remedo de educación para la ciudadanía– para –dice la propuesta– «instruir sobre la identidad de género».

Ocho leyes educativas durante la democracia, más este amago de colar la perspectiva de género en las matemáticas, y el PP vuelve a caer en la trampa: Casado ha anunciado –vía Twitter, así se hace hoy la política– que su partido defenderá (cuando gane) una ley educativa que no solo garantizará la libertad de elección y la calidad educativa –gracias a pruebas nacionales–, y la unidad estatal con un MIR educativo… también devolverá al castellano su rol vehicular, establecerá más materias comunes, y favorecerá el uso del inglés y de la educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Pero lo mejor: Casado promete que su Ley implantará «la inspección contra el adoctrinamiento». ¿Alguien sabe cómo se puede implementar eso? ¿Es posible crear esa inspección? ¿Es viable implantar algo así?

En fin, que la bronca ideológica está servida. Que es lo que de verdad les gusta a unos y otros. Porque lo que es la Educación –ocho leyes en democracia y ya se anuncian la nueve–, les importa más bien una higa.

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