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COVID | El TSJC suspende la obligatoriedad de presentar certificado Covid y el cierre a las 00:30 horas

EBFNoticias

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha decidido este jueves, cautelarmente, suspender la ejecución del cierre total entre 00:00 y 06:00 horas que para el Nivel 4 establece
la medida 1.6, conocida como el toque de queda formulado por el Ejecutivo regional.

Igualmente, queda suspendida la aplicación de la exigencia del certificado
COVID-19 mostrativo de pauta vacunal completa, prueba diagnóstica de infección activa (con exclusión de autotests diagnósticos) con resultado negativo y realizada dentro de las últimas 72 horas o certificación de haber pasado la infección en los últimos seis meses.

Según  la resolución judicial, emitida conforme a la demanda formulada por el Circulo de Profesionales y Empresarios del Sur de Tenerife (CEST), el límite de aforo en el interior de los establecimientos de hostelería y restauración queda fijado en un 50 % tanto en nivel 3 como en nivel 4 y sin que se pueda exigir ni tener en cuenta la tenencia o ausencia de certificado COVID-19 mostrativo de pauta vacunal completa, prueba diagnóstica de infección activa (con exclusión de autotests diagnósticos) con resultado negativo y realizada dentro de las últimas 72 horas o certificación de haber pasado la infección en los últimos seis meses.

El límite de aforo en el interior de gimnasios y actividades físicas no federada en zonas interiores; así como cines, teatros, auditorios y espacios culturales queda fijado, según el auto, en el 55% para el nivel 4 y sin que se pueda exigir ni tener en cuenta la tenencia o ausencia de certificado COVID-19 mostrativo de pauta vacunal completa, prueba diagnóstica de infección activa (con
exclusión de autotests diagnósticos) con resultado negativo y realizada dentro de las últimas 72 horas o certificación de haber pasado la infección en los últimos seis meses.

Tras esta resolución, tanto el CEST, como el Gobierno canario  tendrán un plazo máximo de tres días hábiles para que aleguen lo que estimen procedente respecto al mantenimiento, modificación o revocación de lo acordado.