FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Auto bis | Francisco Pomares

El Gobierno de Canarias recurrirá al Supremo contra el auto del TSJC que no autoriza el toque de queda solicitado, entre doce y media de la noche y las seis de las mañana, y que Ángel Víctor Torres quería establecer en las islas que se encuentran por encima del nivel, es decir, de momento, en Tenerife. Torres dijo ayer que no comparte la decisión judicial y que hoy pedirá a su Gobierno la presentación de un recurso de casación contra el auto. El presidente del Gobierno se refirió en su intervención al informe de la Fiscalía, favorable al toque de queda, y señaló el hecho de que la decisión judicial se ha conocido el mismo día que Canarias registra su propio récord histórico de contagiados. En efecto, así ha ocurrido: ayer se comunicaron más de seiscientos nuevos infectados en 24 horas, más de cuatro veces más que el máximo que sufrieron las islas durante los primeros meses de confinamiento, provocando el colapso del sistema de Salud, la saturación de las Ucis y centenares de muertos. Es cierto que el número de nuevos contagiados de ayer no tiene nada que ver con la decisión adoptada por los jueces: primero, porque realizaron su auto sin conocer la cifra, y segundo, porque los jueces no interpretan cifras, interpretan leyes.

Uno puede entender la frustración de Torres ante el auto de los jueces: es como si el TSJC impidiera al Gobierno aplicar las medidas que Torres –y los científicos y sanitarios que opinan como él, que son mayoría– cree que pueden reducir la expansión de la pandemia. Es como si los magistrados vivieran absolutamente al margen de la realidad de lo que está ocurriendo. Pero esa no es la cuestión: tanto si uno es presidente del Gobierno como si es un joven detenido por causar estropicios al estamparse con un coche, puede disentir de las decisiones de los jueces, y aun así debe acatarlas y cumplirlas. Por supuesto, el presidente acata y cumple –como está obligado a hacer– y recurre –porque tiene legitimidad para hacerlo–. Sería raro que el Supremo encontrara en un recurso de casación argumentos para suspender el auto del TSJC, pero cosas más raras se han visto. Mientras el presidente casa su recurso al Supremo, y aquí nos dedicamos a pedir a los jueces que hagan lo que nos gustaría que hicieran, convendría recordar que –más allá de la calidad literaria o incluso técnica de los autos y sentencias– los pronunciamientos judiciales se basan en las leyes, no pueden obviar la legislación, y además –en este caso– se producen en respuesta a lo que se les solicita.

El origen de que nos hayamos instalado en el dislate, es que durante el Estado de Alarma no se hizo lo que se tenía que hacer: legislar una ley de pandemia que diera a las autonomías la capacidad para intervenir en decisiones que hoy le están vedadas. El Gobierno Sánchez no quiso arriesgarse a eso, ni quiso mantener el Estado de Alarma, sabiendo que eso le supondría dificultades políticas, y decidió endosarle a las regiones –legalmente atadas de manos– la liquidación de los contagios. También puso ladinamente en manos de las regiones un botón termonuclear –solicitar la aplicación del Estado de Alarma en la Comunidad Autónoma– que nadie quiere ser el primero en apretar, porque a los políticos no les gusta asumir las consecuencias de arriesgarse. Se han vuelto vagos y cobardes, y prefieren –como en tantas otras cosas– dejar a los jueces que les resuelven el problema. Y lo cierto es que no están para eso. Ni son los tribunales los que nos han traído hasta aquí, ni pueden hacer otra cosa que aplicar las leyes vigentes.

A mí la única duda que me asalta es por qué en algunos sitios –doctores tiene la Iglesia–, los jueces leen las leyes de una manera y en otros lugares las interpretan de otra. Pero sobre eso les digo otro día.

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