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SINDICATOS | Acusan al Gobierno y la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de «estar empeorando los servicios sociales públicos”

EBFNoticias |

Desde el Comité de Empresa en la Consejería de Derechos, Igualdad, Diversidad y Juventud, denuncian, tanto a niveles organizativos como de gestión, que se está produciendo en esta Consejería.

Desde Intersindical Canaria denuncian en cuanto a la Dirección General de Derechos Sociales, de la que es responsable la Consejera hemos de resaltar que existen más de 43.500 beneficiarios de Pensiones no Contributivas (PNC). Las nuevas solicitudes de Jubilación están tardando más de un año en resolverse al igual que las pensiones de Invalidez tardan más de dos años en resolverse, las reclamaciones y revisiones de nómina llevan más de un año de retraso. En cuanto a la Prestación Canaria de Inserción existen más de 1.300 expedientes pendiente de renovación, más de1.000 solicitudes nuevas sin tramitar y reanudaciones sin poderse resolverse.

Desde el Centro de Valoración de la Discapacidad (CVD) la situación es la siguiente:

«Desde que un usuario adulto pide una valoración de discapacidad se tarda en darle cita 22 meses. En el caso de los menores de 6 años la situación es más grave ya que se tarda entre 10 y15 meses en citarlos. Actualmente el archivo del CVD consta de 130.000 expedientes estando actualmente desbordado en cuanto a su capacidad máxima además no cuenta con limpieza adecuada, medidas de seguridad, protección y custodia de datos personales tal como establece la Ley de protección de Datos 3/2018».

En el servicio Dependencia

El retraso en resolver las solicitudes y otorgar un servicio o prestación sigue ascendiendo a más de 3 años. Desde que se inicia la solicitud hasta que se realiza la valoración de Dependencia, se tarda una media de dos años. En estos momentos, el servicio dispone de aproximadamente unos 120.000 expedientes, y debido al considerable incremento del envejecimiento de la población, el aumento de las solicitudes crece de forma exponencial a lo largo de los años.

Seguimos esperando por el prometido gestor de expedientes que todavía no tenemos, y que es muy necesario para mejorar su gestión, pues los medios que se usan en varios procesos de la gestión de los expedientes son obsoletos. Al igual que en el CVD, carecemos de un archivero y de espacio físico suficiente para los expedientes, careciendo de las medidas de seguridad, protección y custodia de datos personales tal como establece la Ley de protección de Datos 3/2018.

En la Oficina de Información Especializada para la atención a la ciudadanía se parte de un retraso en las citas del 012 en casi 2 meses de espera.

La Oficina de Información estaba formada desde su creación en 2010 por 7 trabajadores en la unidad de información administrativa y 5 Trabajadores Sociales en Orientación. Actualmente solo hay 2 trabajadoras en la unidad de información administrativa y 3 Trabajadoras Sociales en la la unidad de Orientación. Para ello desde el Servicio se planifica la agenda de citas acortando el tiempo de duración de las misma, se pasado de citas telefónicas de 30 minutos a 15 minutos, en detrimento de calidad en atención a la ciudadanía y primando la cantidad. Falta de organización, coordinación y planificación óptima y ajustada a la realidad.

En la unidad de Registro dicho servicio cuenta con una agenda de citas previas con más de 2 meses de demora, a esto se le une el agravante que desde el 012 suele asignarles citas cuando no son para dicha unidad sino para la Oficina de Información, generándole un doble trabajo y mucha confusión a la ciudadanía que manifiesta malestar y enfado por esto errores. Falta de organización coordinación y necesidad de mayor seguridad en su área.

Toda esta problemática viene derivada por la falta de personal en las áreas de Dependencia (91%) y Discapacidad (55%) donde el personal estructural de servicio de Dependencia es temporal desde el inicio de dicho Servicio. Las nuevas contrataciones de personal eventual se han realizado sobre un listado derivado de un proceso selectivo que no ha terminado, tienen contrato de solamente un año y es necesario que permanezcan por la gran necesidad de disminuir el retraso del servicio derivado de la falta de personal permanente.

Esto es debido a la falta urgente de personal porque no se ha tenido en cuenta la ampliación de plantilla en los últimos 12 años a pesar del incremento del volumen de trabajo.

Todo seguirá incrementándose por la falta de múltiples factores: Personal administrativo y Técnico estable, refuerzo de plantilla, falta de recursos informáticos adecuados para realizar óptimamente el trabajo diario, provocando sobrecarga de trabajo, presiones y estrés laboral. Encontrándose los trabajadores continuamente desvalorados, desmotivados y con diversas enfermedades derivadas de estas situaciones.

Desde el mes de Agosto de 2019, se comprometieron a convocar las listas de sustituciones de todas las categorías laborales para poder cubrir las plazas vacantes y contratar a personal, seguimos esperando a día de hoy que se haga.

La merma de los servicios sociales, provocada durante años, por la falta total de interés y voluntad política, está siendo una excusa para la creación de un ente privado, con competencias sociales, incumpliéndose la ley en este tipo de servicios. Cuando lo correcto, fácil, y eficiente económicamente, sería aumentar las plantillas, y mejorar la gestión de los servicios. Entes, con intereses puramente privados, que no miran en el beneficio del ciudadano y que suponen un aumento del gasto público que sería inferior, si la gestión se hiciese de manera puramente pública, con la simple dotación de medios y personal.

Como ejemplo de dicha situación un ciudadano que cumpla requisitos para una pensión no contributiva por jubilación, debe esperar 2 meses para poder ser informado de requisitos, trámites y procedimiento desde la Oficina de Información, posteriormente deberá solicitar cita previa al objeto presentar la solicitud en el registro, esta cita se está demorando 2 meses y medio, a lo que hay que añadirle el tiempo de estudio y resolución de su solicitud por el Servicio correspondiente.