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LA LAGUNA | El Ayuntamiento destina 1,5 millones a la compra de inmuebles para habilitar más recursos alojativos temporales   

Bienestar Social incrementará las plazas del RAMT para responder al aumento de personas en exclusión residencial y a la amenaza que supone el fin de la moratoria de desahucios

EBFNoticias |

El Ayuntamiento de La Laguna ha acordado destinar 1,5 millones de euros del remanente de tesorería a la adquisición de propiedades para ampliar la capacidad de los Recursos Alojativos Municipales Temporales que, en la actualidad, disponen de más de 60 plazas en 5 inmuebles y otras 30 en el RAM Clemencia Hardisson, un sistema municipal destinado a las personas en riesgo o en situación de exclusión social y residencial, que incluye un completo programa de integración social y que apuesta por pequeños grupos frente al modelo de albergues. Aunque las dotaciones públicas para este servicio de emergencia se han multiplicado en un 250% en menos de dos años, la demanda de apoyo alojativo de personas que carecen de vivienda está superando la capacidad municipal, a lo que se suma la amenaza que supone el fin de la moratoria de desahucios.

La Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios (Muvisa) adquirirá estos inmuebles y el Área de Bienestar Social se encargará de la dotación presupuestaria y de los recursos técnicos, asistenciales, económicos y formativos necesarios para la gestión de estas nuevas instalaciones, con las que se espera aumentar significativamente la capacidad de La Laguna para dar respuesta a estas situaciones de emergencia.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, informa de que estos nuevos fondos se enmarcan «en la línea estratégica marcada desde inicios de este mandato para incrementar y mejorar los recursos alojativos municipales con los que poder responder a la emergencia residencial que sufren familias y personas en circunstancias socioeconómicas desfavorables».

El regidor local explica que, «desde el comienzo de la pandemia, hemos intensificado nuestros esfuerzos para cumplir con ese objetivo ante las consecuencias que está provocando la crisis sanitaria, pero también ante la falta de opciones alojativas que hemos detectado y los problemas que sufren quienes no tienen suficientes recursos para poder pagar un alquiler o que se encuentran en exclusión residencial extrema».

En similares términos se expresa el concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio, quien afirmó que la finalidad es «ayudar a estas familias y personas a que recuperen su autonomía y puedan salir de una situación tan dramática, ante una situación que solo se puede definir como de emergencia habitacional tras los años de parálisis en esta materia de anteriores mandatos».

Estos recursos alojativos municipales están destinados, principalmente, a dos grupos de personas, a aquellas en situación de calle y a las personas y familias afectadas por desalojos, desahucios o con dificultades para acceder a una vivienda por problemas económicos y carencia de redes de ayuda. Situaciones que están aumentando con las consecuencias socioeconómicas de la pandemia, en un municipio con una altísima  densidad de población, de hasta 3.785,8 habitantes por km² en 3 de sus 6 distritos, y con  19.747 demandantes de empleo, según los últimos datos del mes de junio.

Ascanio recuerda que «llevamos dos años aumentando la capacidad presupuestaria para inversión social y creando nuevos recursos públicos, a los que se suman los programas de alquiler social, de pensiones de tránsito o de ayudas al alquiler, y contamos con otros recursos externos de ONG y subvencionados por el Ayuntamiento que nos permiten llegar a más personas, pero aún así, la pandemia está superando la capacidad de todas las administraciones  y en estos momentos tenemos a personas en lista de espera».

Ya en 2020, cuando las plazas disponibles eran la mitad de las actuales, estos recursos alojativos de urgencia atendieron a 153 personas. El último informe de la Unidad de Infancia, Mujer, Recursos Alojativos y Voluntariado del Área de Bienestar Social, de abril de este año y que motiva esta ampliación del RAMT, manifiesta un hecho preocupante y es que, «pese a los recursos existentes, la demanda sigue superando la oferta y habría que sumar más alternativas alojativas para personas solas, familias monomarentales, jóvenes extutelados, parejas y familias nucleares». En este sentido, Ascanio asegura que el municipio «no puede esperar por las positivas acciones plasmadas en el Plan de Vivienda de Canarias, ya que la necesidad es inmediata».

Además de destinar el mayor número de recursos posible a atender las situaciones más graves y enfrentar el sinhogarismo, la principal preocupación está en evitar que las cifras de personas en esta situación sigan aumentando, es decir, en encontrar una salida a la casi inexistente disponibilidad de viviendas para atender a las familias que acuden a los servicios sociales, ya sea porque los precios del mercado de alquiler son inasumibles o porque no pueden cumplir con los elevados requisitos económicos y financieros que se solicitan por los arrendatarios.

El consejero delegado de MUVISA, Juan Ignacio Viciana, destaca que la empresa pública lagunera es una herramienta eficaz para dar una respuesta rápida en este tipo de iniciativas tan necesarias en estos tiempos. «Así ocurrió con la vivienda en la que ahora está instalado el RAM Clemencia Hardisson, que es propiedad de MUVISA, y seguiremos trabajando con el objetivo de hacer frente a la acuciante necesidad social de más viviendas y plazas alojativas».

Las plazas y la inversión, en datos

Bienestar Social destina 2.070.371,78 euros a alojamiento temporal, 830.263,54 euros más que en 2020. En total, cuenta con 61 plazas en Recursos Alojativos Temporales Municipales (RAM Clemencia Hardisson + 5 viviendas tuteladas del RAMT), de las que 39 se han creado en este semestre.

A estos recursos se suman los del Hogar San Lázaro de Cáritas, el Hogar de los Hermanos de Belén, la Congregación de Religiosas Filipenses Hijas de María Dolorosa, la Asociación de Reinserción Social de Menores Anchieta proyecto TANITA, el Centro de día de Cruz Roja para personas transeúntes o el proyecto Base 25 de Cáritas.

Además, Bienestar Social costea estancias temporales en pensiones y hostales para personas en situación de emergencia habitacional, con una partida de 29.000 euros, y destina más de 650.000 euros a ayudas de emergencia al alquiler.

La nueva Ordenanza reguladora de las Prestaciones Económicas Municipales (PEM), de marzo de 2021, ha duplicado la cuantía máxima anual de la ayuda para gastos de alquiler hasta 3.000 euros y las ayudas para amortización de la hipoteca pasan de un tope de 350 euros mensuales y tres meses a un máximo de 3.000 euros al año.