FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | El baile de las decisiones | Francisco Pomares

El TSJC suspendió ayer (de forma cautelar pero fulminante) el acuerdo del Gobierno que estableció la semana pasada el cierre del interior de bares y restaurantes y la reducción del aforo de las terrazas a la mitad. El gobierno consideró imprescindible la aprobación de la medida por el extraordinario aumento del contagio de Covid en la isla de Tenerife, que en estos momentos roza una incidencia de doscientos casos por cien mil en dos semanas.

La medida, por supuesto, fue rechazada enérgicamente por el sector de bares y restaurantes, que viene soportando desde hace casi año y medio una destrucción creciente de su economía. Los hosteleros decidieron recurrir judicialmente la decisión del Gobierno alegando la inexistencia de evidencias científicas que demuestren que el consumo en interiores sea un factor acelerador del aumento de los contagios en Tenerife en las últimas semanas, y ese recurso es el que dio lugar ayer a una sentencia del TSJC, que se produjo sin dar trámite de audiencia al Gobierno, al que sí se han dado tres días de plazo para que presente las alegaciones que estime oportunas.

En realidad, la decisión del TSJC sólo ha sorprendido al propio Gobierno. Supone un importante varapalo para sus Servicios Jurídicos, pero también para los responsables políticos del arbitrario cierre de los comedores y barras, una medida que se quiso justificar alegando que se trataba de “elegir entre salud y economía”.

Esa dicotomía, que ha estado presente en muchas de las decisiones planteadas por las Administraciones en los últimos tiempos, es en este caso rotundamente falsa: no existe prueba alguna de que sustituir los encuentros controlados en bares y restaurantes, con trazabilidad asegurada, por fiestas privadas en casa difícilmente detectables y perseguibles o botellones sin control, vaya a repercutir en la reducción del ritmo de contagios. Quizá lo que podría suceder es justo lo contrario.

En realidad, la medida del Gobierno de Canarias no parece responder a la lógica de arrinconar al Covid, sino a la de demostrar que el Gobierno reacciona ante lo que ocurre. Desde que se suspendió –también sin una explicación convincente– el estado de alarma, los gobiernos –de todos los colores y territorios– se esfuerzan por intentar demostrar que tienen respuestas. No hay nada que aturda más a un dirigente político que proyectar la idea de que no sabe cómo reaccionar ante una situación. Eso es lo que ha provocado en los últimos meses un baile de decisiones tan gratuitas como infundadas, cuando no adoptadas para despistar.

El indulto decretado por Sánchez al uso de la mascarilla al aire libre parece más eco de otros indultos, que una propuesta lógica, que se produce en el momento adecuado. ¿Por qué ahora, con menos del cuarenta por ciento de la población con la vacunación completa? ¿Por qué no cuando se alcance la esperada inmunidad de grupo, tras completar la vacunación del setenta por ciento de la población prevista para finales de julio? Por temor a no decir nada. Si algo hemos aprendido en este tiempo de pandemia, es que gran parte de las declaraciones y decisiones de nuestros gobernantes responden más al horror vacui ante un liderazgo que es difícil ejercer a ciegas frente a una enfermedad desconocida, que a la certeza de hacer lo correcto.

El presidente Torres ha dicho que acatará lo que digan los jueces. Por supuesto, faltaría más. Torres no tiene mimbres de líder del procés, afortunadamente. Pero no se trata de acatar. Se trata de asumir de buen grado que fue un error –un error señalado previamente por todo el mundo– depositar sobre uno de los sectores más castigados por la crisis derivada de la pandemia, la responsabilidad de resolver con su sacrificio los contagios en Tenerife. No fue una idea sensata, sino una demostración de autoridad. La demostración de que el Gobierno manda. Y eso ya lo sabemos.

Pero ahora de lo que se trata es de usar esa hoy denostada herramienta del mando que consiste en negociar, escuchar a los otros y buscar consensos, para resolver los problemas derivados de esta enfermedad. Y en eso no lo hace el Gobierno precisamente bien.

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