FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Huida hacia adelante | Francisco Pomares

En unas declaraciones a Onda Cero, la consejera Noemí Santana decidió ayer romper con las normas mínimas de respeto a la separación de poderes, y cargo contra la fiscal jefe de las Palmas, Beatriz Sánchez, que se ocupa de las diligencias abiertas para determinar qué fue lo que realmente ocurrió durante el pasado mes de marzo en los apartamentos Porto Bello. Los apartamentos de Puerto Rico, fueron provisionalmente destinados a centro de emigrantes de menores no acompañados, y desde su puesta en marcha han tenido problemas. Sobre lo que sucedía en ellos se produjo una denuncia anónima que la Consejería recibió el pasado 31 de mayo, en la que se hablaba de que en el centro se había producido la violación de un menor emigrante por parte de jóvenes mayores de edad allí hospedados, además de prácticas de prostitución y violencia y de maltrato a los menores por parte de responsables del centro.

La consejera, muy mal aconsejada, decidió tomar la iniciativa en un asunto que sus contradicciones y mentiras han ido complicando a medida que avanzan los días, y acusar ayer abiertamente a la fiscal jefe, convirtiendo así a quien la investiga en públicamente denunciada y cuestionada. La primera acusación de Santana es que la fiscalía es la responsable de los retrasos en el diagnóstico de la edad de los internos. Se trata de otra falsedad: en ausencia de papeles válidos, muy frecuente en estos casos, la edad solo puede constatarse con la pruebas de densidad ósea, que se eternizan, pero eso no es responsabilidad de la Fiscalía, que no es la que realiza las pruebas, sólo las ordena, sino del Estado, a través del Ministerio de Justicia. Ese asunto, en cualquier caso podría ser incluso objeto de debate, sobre lo que tarde o no la fiscalía en pedir las pruebas. Lo que no parece discutible es la escasa prudencia de la señora cuando plantea que las decisiones adoptadas para investigar las irregularidades de Porto Bello se producen porque ella –Santana– denunció a la Fiscal acusándola de separar a los niños inmigrantes de sus madres en cumplimiento de los protocolos que establecen la necesidad de hacer comprobaciones de ADN. Esas pruebas se realizan para evitar la explotación de niños por parte de mujeres que podrían haberlos alquilado o comprado antes de embarcar para Canarias. El conflicto entre la Consejería y la fiscalía, abierto en octubre del año pasado, se resolvió poniendo a disposición de las madres y sus hijos nuevos recursos específicos –por parte de la Delegación del Gobierno– para que pudieran estar juntos hasta que se tuvieran los resultados de las pruebas.

Santana utiliza ahora aquella denuncia para insinuar que la fiscalía actúa buscando algo así cómo un ajuste de cuentas: «Denunciamos que la fiscalía de Las Palmas estaba separando a los niños de sus madres al más puro estilo Trump», dijo ayer Santana en Onda Cero. «No sé si de aquella denuncia viene lo que ha ocurrido esta semana, pero quiero ser clara, honesta y transparente».

Quizá por aquello de que cree el ladrón que los demás son de su condición, en vez de rebajar la presión que el asunto de las presuntas violaciones y prácticas de prostitución han provocado, Santana alimenta el conflicto con la fiscalía con una más que inapropiada amenaza directa contra la fiscal jefe: «Hemos sido muy pacientes con la fiscalía para que hiciera lo que es su trabajo, que es decretar la edad de esos menores o adultos y luego trasladarlos y ponerlos en recursos idóneos», ha dicho Santana. «Hemos sido muy pacientes y además hemos tenido que aguantar las declaraciones que hemos tenido que aguantar estos días… pero hasta aquí hemos llegado. Si la Fiscalía no ha hecho su trabajo nosotros sí que vamos a señalar a quien no ha hecho su trabajo».

Santana en pie de guerra. Veremos adonde nos lleva esta declaración suya de inicio de hostilidades…

Porque una acusación contra la fiscalía no es cómo los twitts que sus comandos cuelgan alegremente por las redes.

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