FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | El enredo | Francisco Pomares

La consejería de Derechos Sociales y más cosas parece haber plantado su argumentario sobre Porto Bello en un campo de contradicciones. La ocultación de una denuncia en la que se desvelaba que en el centro se produjeron el pasado mes de marzo situaciones de abuso sexual contra un menor y prácticas de prostitución –una denuncia realizada anónimamente el pasado 31 de mayo vía correo electrónico por un grupo de trabajadores– está teniendo un recorrido bastante revelador.

Tras ofrecer el martes una rueda de prensa asegurando que el asunto fue puesto en conocimiento de la fiscalía y de la policía, Noemí Santana tuvo que encajar el inmediato mentís de la fiscal del Menor, asegurando que de eso nada. Santana tuvo que pedir auxilio a su directora general del Menor, Iratxe Serrano, para que saliera ayer a defender la versión oficial de la consejera. La señora Serrano cumplió con el encargo lo mejor que supo, pero no se arriesgó a mentir y reconoció la cuestión clave: que el primer contacto mantenido con la fiscalía –a través de la fiscal decana, Aurora Pérez– se produjo el día 14 de junio, justo después de que la información sobre la presunta violación de un menor por parte de jóvenes mayores de edad, hubiera sido publicada. Serrano explicó que habían mantenido la información recibida “en cuarentena”; que dieron paso a una investigación interna –iniciada el diez de junio–; y que los técnicos que la llevaron a cabo no pudieron corroborar la existencia de las prácticas denunciadas. Claro que no, no es responsabilidad de los técnicos de la consejería realizar una investigación sobre presuntas prácticas criminales. Para eso están la policía y la fiscalía.

Uno puede comprender que la señora Santana –por desconocimiento, por desidia, o por estar más pendiente de otras cosas– no prestara atención a la gravedad de la denuncia y no la hiciera llegar inmediatamente a fiscalía. Pero lo que resultan completamente inexplicables –y por eso sospechosas– son las reacciones de la consejera desde el momento en que comienzan a correrse rumores sobre la situación del centro de Porto Bello, antes incluso de que la noticia sea publicada. Lo primero que se hace es cambiar al director del centro. Cuando el nuevo fue citado a prestar declaración, la fiscal, se sorprendió al descubrir que llevaba apenas un día ejerciendo como director. No pudo, claro, informar de nada. La fiscal ya ha pedido la comparecencia del anterior. Después, cuando por fin la noticia salta a la opinión pública, lo que se hace desde el gabinete de Noemí Santana es burlarse del periodista que desveló el caso y desacreditar al medio que primero publicó la noticia, acusándole de inventarse un falso escándalo. Sorprendentemente, a pesar de seguir manteniendo la posición oficial de que en el centro sólo se han comprobado algunas deficiencias “ya conocidas”, la consejera Santana anuncia que se precipitará su cierre, y además toma la decisión de trasladar a los menores más conflictivos a otros centros, lo que se hace esa misma tarde. Esa decisión no parece haber gustado nada de nada a la fiscal jefe, que consideraba ayer “curioso” que justo tras iniciarse las primeras diligencias se decidiera el traslado “deprisa y corriendo” de los posibles testigos. Ayer ya no quedaba ni uno de ellos en el centro. La fiscal ha encargado a la Guardia Civil localizarlos para poder tomarles declaración: “la tutela de estos menores los tiene la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia y estarán en otros centros. Los buscaremos para tomarles declaración y saber si realmente han ocurrido estos hechos tan graves”.

No sé… Tengo la impresión de que alguien se está enredando en su propia madeja.

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