FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Dos años a peor | Francico Pomares

El sindicato Comisiones Obreras volvió a denunciar el pasado jueves la situación por la que atraviesa la Consejería de Derechos Sociales, que calificó de “situación límite”. Ya no se trata de acusaciones de la malvada oposición, decidida a cobrarse los exabruptos de Noemí Santana en su etapa de denunciante recurrente de los problemas e incapacidades de la Consejería, que llevaron incluso a la reprobación parlamentaria de su titular, Cristina Valido. Tampoco puede argüirse que estemos ante una campaña de difamación orquestada por medios de comunicación desafectos, con el apoyo de los directores de Centros Sociales, enfrentados a la Consejería. Ahora es CCOO –un sindicato próximo ideológicamente al equipo directivo de la consejera-, el que denuncia como “catastrófica” la gestión en materia de personal del departamento, y solicita la intervención del Gobierno de Canarias, para realizar un diagnóstico de lo que ha ocurrido desde que Santana se incorporó al Gobierno y adoptar medidas.

Según el portavoz del comité de empresa, los servicios adolecen de una total falta de planificación y organización; el personal interino tiene una antigüedad media superior a los 15 años y lo que abunda es un elevado y costoso número de cargos intermedios y de asesores directos, nombrados por Santana desde que se hizo cargo de la Consejería.

No es la primera vez que los sindicatos denuncian la transformación de la Consejería en un echadero de cargos políticos. En marzo, el comité de empresa, integrado por Intersindical Canaria, CCOO, Sepca y Cobas, emitió un durísimo comunicado alertando de los problemas de personal, en los que ahora se insiste, en el que se censuraba la inexistencia de proyecto en la Consejería y se aseguraba que «lo único que han hecho es incrementar los cargos directivos, asesores, personal de confianza, personal que cobra unas cuantías desorbitadas y no pasa ningún proceso selectivo, es decir nombrados y señalados a dedo».

Es frecuente que los sindicatos de la Función Pública se denuncie el exceso de politización a la hora de determinar los cargos directivos a todos los niveles, o lo que se califica de «caos organizativo y de gestión». Lo que no es tan frecuente es que se haga con datos tan apabullantes.

Frente a eso, Santana siempre ha presumido de su extraordinaria capacidad de gestión: «Esta legislatura marcará un antes y un después para los derechos sociales en Canarias», «el denso e intenso trabajo que se hace en derechos sociales es una revolución», «vamos a hacer que Canarias pase de un modelo de ayuditas a otro de derechos serios y reales». La consejera ha llegando incluso a asegurar que su departamento es el que más ha mejorado la atención a los derechos sociales en todo el país, algo que desmienten rotundamente los indicadores publicados en los últimos dos años.

Por desgracia, la situación real es que la Consejería no logra tramitar nada en menos de un año, al margen de lo que establezca la normativa: un año de retraso acumulan las listas de espera de valoración del grado de discapacidad; un año se tarda en renovar los títulos de familia numerosa; y un año se demora también el trámite de los expedientes de las solicitudes de jubilación.

Año y medio se retrasan las citaciones para valorar el grado de invalidez de las personas que solicitan revisión. Y eso por no hablar de lo que se tarda en tramitar las prestaciones por la Prestación Canaria de Inserción, o el retraso terrible en la Dependencia, donde Canarias es hoy una de las dos regiones que más tarda de toda España. Y a eso debe añadirse la incapacidad de la Consejería para desarrollar la Ley de Servicios Sociales, o para cumplir sus promesas en materia de renta básica.

La realidad es que si las cosas estaban ya muy mal antes de la llegada de Santana a la consejería, desde agosto del 2019, todo ha empeorado aún más. No es que lo diga yo, es lo que dicen los sindicatos: «No les importan las personas que lo pasan mal en Canarias. Simplemente se acuerdan de ellas cuando tienen que depositar el voto con promesas que luego no cumplen…».

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