FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | La rifa del 200×1 | Francisco Pomares

El Gobierno de Canarias anunció el miércoles la creación de una campaña de promoción turística interior, consistente en el sorteo de 50.000 bonos de 200 euros, que recibirán 50.000 afortunados agraciados por esta tómbola, tras apuntarse y comprometerse a gastar 200 euros de su propio bolsillo –a añadir a los que les regala el Gobierno– para costear sus vacaciones hasta finales de este año.

La lotería vacacional del Gobierno, aún por definir en algunos aspectos, cuenta con una financiación de 16 millones de los que diez se destinarán a sufragar bonos –para los hoteles y las agencias de viaje–, y otros cinco a incentivos a la restauración. El dinero sale de los 80 millones que el Gobierno pensaba destinar para pagar a fondo perdido el IBI hotelero, una medida –como tantas otras– que duerme en alguna de las gavetas del hombre más ocupado del Gobierno, Fermín Delgado, que es quien le explica a Román Rodríguez lo que se puede y no se puede hacer con el dinero, mientras él se entretiene presumiendo de las piezas que caza.

La decisión de rifar los bonos provocó bastante cachondeo en redes y tertulias: se trata de ayudas al consumo –en este caso, al consumo de oferta turística–, y lo más frecuente es que los bonos para incentivar el consumo se repartan a quienes lo soliciten, hasta que se agota el presupuesto. Por supuesto, participar en la tómbola turística animará el cotarro este verano, y en Turismo creen –quizá con cierto optimismo– que los peticionarios que se apunten al sorteo podrían duplicar o triplicar los bonos que se van a poner en circulación: 50.000 bonos. Es un número llamativo: exactamente el mismo que define la escasa cantidad que -el mismo día que anunciaba su rifa-, el Gobierno decidió destinar a financiar la compra de comida por los bancos de alimentos de Canarias. 50.000 euros: un euro para comprar comida y distribuirla entre quienes más lo necesitan, por cada 200 euros que el Gobierno regalará a quién quiera irse de vacaciones.

Antes de que alguien me acuse de demagogo: comprendo que no todas las políticas del Gobierno pueden centrarse en la atención social. La mejor forma de enfrentarse a la pobreza estructural es crear empleo, economía y riqueza. Y en estos momentos eso implica levantar la actividad del sector turístico, por mucho que les pese a quienes creen que la realidad la cambian las intenciones. Dicho queda. Pero para un Gobierno que proclama a todas horas que no dejará a nadie atrás, presentar el mismo día y en el mismo acto la tómbola de los 50.000 bonos para irse de vacaciones y la limosna de 50.000 euros para alimentar a quienes no tienen qué comer, se me antoja una grave frivolidad. Más aún cuando en los últimos días, desde Podemos se ha iniciado una campaña para desacreditar a las ONGs, en la que no se privan de hablar de la necesidad de reducir su papel para evitar una supuesta privatización de los recursos asistenciales. Decir eso no sólo demuestra un desconocimiento absoluto del papel que ha desempeñado el tercer sector enfrentándose a esta crisis sanitaria. Es una auténtica vesanía: si no existieran Caritas, los Bancos de Alimentos (Podemos ha ‘descubierto’ ahora que son del Opus), la Cruz Roja, o centenares de pequeñas organizaciones esforzadas y voluntariosas, esa gente a la que el Gobierno asegura que no va a dejar atrás estaría en la más absoluta desesperación. Hay cosas que corregir y mejorar también en las organizaciones no gubernamentales –en todo hay cosas que mejorar–, pero ahora es el momento de apoyar su trabajo y aplaudir el esfuerzo que realizan.

Que el Gobierno les asigne para este año una limosna de 50.000 euros es básicamente un desprecio miserable.

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