FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | En metálico, es la ley | Francisco Pomares

Desde el martes de la semana pasada, las guaguas grancanarias volvieron a aceptar el pago en metálico, dejando sin efecto la limitación de pago establecida en marzo de 2020, para hacer frente al Covid. La prohibición de pagar en metálico, que se estableció en muchas compañías de transporte, y aún sigue vigente en las guaguas de Tenerife, se decidió cuando se pensaba que el patógeno del Covid podía trasmitirse fácilmente por contacto con monedas y billetes. Hoy se considera –lo considera la OMS– que no es así, que el virus aguanta más en las superficies plásticas que en el papel. Aunque lo cierto es que no existen estudios concluyentes, sí se sabe que la inmensa mayoría de los casos de contagio se producen por respirar en un ambiente contaminado o por contacto interpersonal. No existen evidencias científicas de que el papel o el metal hayan provocado contagios.

En cualquier caso, la prohibición del pago en metálico fue no sólo arbitraria, fruto de una situación de pánico y desconocimiento ante el Covid, sino también ilegal. Y lo sigue siendo en aquellos lugares donde se mantiene, por ejemplo, en las guaguas de Titsa.

Las leyes españolas que regulan el pago en metálico no se han modificado durante la pandemia en ningún caso, y tampoco las normas europeas, que establecen con claridad que cualquiera tiene derecho a pagar en cualquier sitio con dinero de curso legal, con una única limitación, que es la que se refiere a las cantidades que pueden pagarse en metálico y de una sola vez. Esa cantidad límite, desde 2012, y para evitar el blanqueo de capitales, es de 2.500 euros, siempre que en la transacción intervenga cualquier profesional o empresa. Pero la ley española es terminante en lo que se refiere a pagar en metálico: ningún establecimiento, ni ninguna administración, ni ningún acreedor pueden rechazar el pago en efectivo, si la cantidad pagada es inferior a 2.500 euros. Por supuesto, Titsa puede recomendar el pago con tarjeta, o establecer bonificaciones a sus usuarios para que compren y usen bonos que reduzcan los pagos en metálico, pero no puede rechazar por la jerola el pago en efectivo, aunque venga haciéndolo desde hace más de un año, y parezca decidida a mantenerse en ello. Todas las personas que han tenido que bajarse de una guagua por no disponer de bono, han sido objeto –sin duda sin saberlo ni los chóferes de Titsa ni los propios afectados– de un claro abuso de poder por parte de la empresa. Algo que resulta muy violento para los conductores (algunos de ellos se la juegan dejando colarse a las doñitas), y desastroso para muchas personas mayores, que se ven en tierra por no recordar cuanto saldo hay en su tarjeta.

Supongo que alguien pensará que no es para tanto, que el sistema es más ecológico –es discutible que el plástico sea más ecológico que un bono de papel en el que figura impresa la cantidad que queda, como ocurre en el bono de los tranvías– y también que para Titsa es más sencillo (y seguro) que los pagos se realicen con tarjetas de recarga. Desde luego que para Titsa es mucho más cómodo. Pero para los usuarios del servicio de guaguas puede suponer una molestia muy grave. En la tarjeta no sabes cuánto te queda, y si a usted le faltan diez céntimos, se tiene que bajar. Aunque lleve esos diez céntimos en metálico. Sin apelación posible. Pero la tarjeta no puede recargarse en las marquesinas y paradas, como ocurre en el tranvía. Si cerca de su casa no hay un comercio con punto de recarga, o se mueve usted en horas donde aún no están abiertos los estancos o kioscos donde se puede recargar, va a tener que ir caminando.

Titsa depende del Cabildo. Arréglenlo ya.

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