La portavoz de Cs afirma que «el ente es un servicio público que está obligado a colaborar» y, además, «no puede hacer competencia desleal a otros medios»
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Vidina Espino, que ha solicitado al administrador único el montante total de los ingresos publicitarios del ente y los criterios que se siguen para seleccionar los anuncios, ha mostrado su preocupación por que «casi todas las consejerías del Gobierno canario pagan a RTVC por la emisión de contenidos de carácter institucional».
A su juicio, esto supone que, «además de recibir los 55 millones de euros vía presupuesto de la Comunidad Autónoma, obtienen más financiación pública a través de estas campañas». O lo que es lo mismo, según ha dicho, «los canarios pagamos dos veces el ente».
La portavoz de Cs ha llamado también la atención sobre los importes que cobra el ente público por las campañas institucionales, «en ocasiones, hasta cuatro veces más que las televisiones locales y casi el doble que canales comerciales como Telecinco y Antena3», lo que supone facturar por encima de los precios de mercado. En este sentido, ha puesto como ejemplo que, por los mensajes institucionales del Día de Canarias de 2020, la Tele Canaria cobró 12.500 euros, Antena3, 8.000 y Telecinco, 7.400.
Vidina Espino ha recalcado que el ente público «no debe cobrar al Gobierno de Canarias las campañas institucionales y menos aún temas tan sensibles como, por ejemplo, el coronavirus». Además, ha explicado, «no puede hacer competencia desleal a otros medios de comunicación privada».
Durante su intervención, la diputada de Cs ha preguntado al administrador único «si el ente público cuenta con un presupuesto interno» y ha criticado que Moreno «se ampare en la Ley de Propiedad Intelectual para realizar los contratos a dedo», cuando «existen otras fórmulas como el concurso de proyectos para permitir que se presenten distintas iniciativas».
También ha demandado, sin éxito, información sobre «la renovación de los contratos de los equipos obsoletos» que ahora mismo tiene alquilados la Televisión Canaria, así como «sus instalaciones», que finalizan el 30 de junio.
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