FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | El desplante | Francisco Pomares

Ayer se lió parda por la suspensión de la prevista firma del acuerdo entre trabajadores en situación de abuso de temporalidad y la administración regional. El Gobierno había anunciado el jueves a última hora en una nota que se sustituía la firma por una reunión de trabajo en la que analizar “los aspectos necesarios para alcanzar un acuerdo que atienda todos los aspectos de un proceso de esta importancia”. La nota no añadía mucho más, ni siquiera la fecha para esa nueva reunión. Por supuesto, el asunto provocó un auténtico tsunami de acusaciones de los empleados temporales que calificaron el anuncio del Gobierno de “una vergüenza” y “humillante”. Los ocho integrantes del comité de huelga de los trabajadores se encerraron ayer en el Usos Múltiples I de Las Palmas, amenazando con permanecer allí mientras se mantenga el desplante del Gobierno y el desprecio hacia las aspiraciones y expectativas de los afectados. También advirtieron de que la decisión ejecutiva implica la ruptura de la paz social en la Administración. Fueron extraordinariamente duros al denunciar la “falta de credibilidad” del Gobierno de Torres, señalando directamente al presidente como responsable de la suspensión unilateral de la firma del acuerdo.

En realidad, los sindicatos y organizaciones de los laborales tienen razón: el comité de huelga logró la semana pasada un principio de acuerdo, aceptado por el jefe de servicio de Relaciones Laborales de Función Pública, que permitía cerrar el conflicto, y en el que las dos partes –Gobierno y trabajadores en abuso de temporalidad- aceptaban iniciar el proceso de identificar a los empleados públicos (de momento los de la administración general) en situación de contratación laboral sucesiva, y por tanto en fraude de ley. Eso y comenzar con carácter inmediato las reuniones de sendos grupos de trabajo para estudiar la forma de garantizar la continuidad de los trabajadores en sus puestos hasta ser jubilados o renunciar a ellos de forma voluntaria. No se pretendía dejar resuelto todo con la firma del acuerdo, y se esperaba además que el Gobierno incorporara la preceptiva consulta jurídica, que luego se esgrimió como motivo para retrasar sine die la firma.

Los sindicatos –Intersindical, Sepca y CoBas– han llamado a la protesta, advirtiendo de que los paros se van a recrudecer si no se firma antes de concluir la próxima semana, advirtiendo al Gobierno de que se van a disparar las movilizaciones para protestar por su “actitud despótica”. Bronca segura, vamos.

Lo curioso del caso es que el agravamiento del conflicto parece responder más a una falta de tacto al anunciar la suspensión que a un irresoluble problema de fondo. Tras iniciarse ayer la carajera, la directora general de Función Pública, Laura Martín, aseguró que el compromiso político del Gobierno sigue existiendo, y que la firma del acuerdo sólo se aplaza temporalmente, mientras se realiza un informe que aporte seguridad jurídica a las decisiones de la administración. El problema es que ni eso se explicó en la nota del jueves, ni se comunicó previamente al comité de huelga, al que el cambio de las condiciones para la firma cogió mirando para Cuenca. Ahora se intenta enmendar el problema con declaraciones de entendimiento y compromiso, pero lo cierto es que la suspensión se produjo sin anestesia.

Así las cosas, una cuestión relativamente menor –un desplante más protocolario que real– ha disparado la desconfianza entre las partes y amenaza con romper una negociación ya muy avanzada. El Gobierno debería hacer un esfuerzo por recuperar el camino andado. Más temprano que tarde tendrá que transitarlo.

Añade un comentario

Clic aquí para publicar un comentario

Comentarios recientes