FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Un gigantesco fraude | Francisco Pomares

El pasado 11 de diciembre, un inmigrante intentó embarcar en el aeropuerto de Gando con destino a Barcelona, junto a otros veinte compañeros suyos. Fueron detenidos por la policía, siguiendo instrucciones dictadas por el ministerio del Interior. Eran aún los días en los que Grande-Marlaska y Escrivá defendían públicamente la política de confinamiento en las islas de cualquier inmigrante irregular, pasándose por el arco de triunfo la legislación actual, que establece que solo se puede retener a un inmigrante que ha llegado irregularmente al país durante 72 horas. Ése es el tiempo –muy escaso– de que disponen las autoridades españolas para decretar la devolución de un inmigrante a su país de origen.

Una norma que reduce la capacidad de actuar de la policía en los casos de entrada irregular a tan sólo tres días, y que parece pensada por alguien con muy escasa cabeza o con un nulo conocimiento de las complicaciones que supone establecer fehacientemente el origen real de una persona que no dispone de papeles, o los oculta. Pero es la ley que rige en España, y el nuestro –con todas sus deficiencias– es un Estado de derecho.

Por eso, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, ha dictado un auto en el que se ordenado a la policía que se permita volar a Barcelona a ese hombre, que cuenta con su pasaporte en regla. Ya han pasado las 72 horas que tiene Interior para proceder a la devolución de un inmigrante a su país o ponerlo en libertad, permitiendo que circule libremente por todo el territorio nacional. Con la actual legislación, Interior no puede confinar sine die en los campos de internamiento a los inmigrantes a los que no pueda devolver a sus países de origen. Todos los que dispongan de pasaporte pueden salir de Canarias con dirección a cualquier otra parte de España, con la única limitación del cumplimiento de las medidas de restricción de la libre circulación que se han establecido por el Covid.

Eso significa en la práctica que cualquier extranjero que posea un pasaporte, se encuentre en territorio nacional –da igual como haya llegado– y no esté pendiente de ser expulsado (en 72 horas desde su llegada), puede desplazarse libremente por el territorio nacional, exactamente igual que cualquier español. Tendrá que someterse a las restricciones a la circulación que existen como resultado de la pandemia entre algunos territorios y regiones, igual que cualquier español. Y a las pruebas sanitarias que se le exijan, igual que cualquier español.

En la práctica, esto lo que quiere decir es que la política de confinamiento en Canarias, aplaudida por Bruselas, y que Interior viene intentando imponer por la vía de los hechos desde que estalló la crisis migratoria, es un fraude y un desafío a la legalidad española.

¿Al Gobierno no le parece correcta o suficiente nuestra legislación sobre emigración irregular? A mí tampoco: creo que es fruto de un buenismo dañino e irresponsable, de una concepción bastante laxa y simplista de los problemas que supone la emigración irregular. Probablemente sería más razonable un plazo mucho mayor para proceder a la repatriación de inmigrantes, como el que se aplicaba durante la crisis de 2006. Pero ésta es la legislación que tenemos, y el Gobierno tiene que acatarla.

Y los jueces hacerla cumplir. Y conviene recordar que cumplirla no es sólo aceptar los autos judiciales, es también dejar de engañar a los inmigrantes, es informar a esas miles de personas amontonadas en los campos de internamiento, del hecho de que si disponen –o pueden disponer– de pasaporte, y tienen recursos para poder permitírselo, les asiste el derecho de ir a cualquier otro punto del país. Que es lo que la mayoría de los inmigrantes quieren hacer: salir de aquí, viajar hacia lugares donde puedan trabajar, o acercarse a las fronteras del norte español para intentar pasar a Francia y a Europa.

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