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OPINIÓN | Ayudas: agua para mayo | Francisco Pomares

El Gobierno Sánchez soportó ayer un verdadero chaparrón de críticas, incluyendo las de sus socios, al plan de ayudas directas a las empresas, por un total de 7.000 millones de euros, de los que aproximadamente algo más de mil estarían destinados a Canarias, según adelantó hace ya más de una semana el Gobierno regional.

El decreto de aprobación del plan, defendido por la vicepresidenta Calviño, se enfrentó a durísimas críticas desde la izquierda y la derecha. La más recurrente de esas críticas, fue sobre el retraso en la puesta en marcha de las ayudas. Pablo Echenique, portavoz de Podemos, denunció que el retraso en la aprobación del plan se debe a las resistencias de una parte del Gobierno (en referencia al área económica) que “quiere volver lo antes posible a la mal llamada austeridad” y por eso se opone malvadamente a “cualquier aumento de la inversión pública”.

La intervención de Echenique demuestra la guerra abierta en el seno del Ejecutivo entre el PSOE –que respalda la gestión de Calviño– y Podemos. Sánchez envió una clara señal con ocasión de la renovación de la participación de Podemos en el Gobierno, tras la decisión de Pablo Iglesias de competir por la Presidencia de Madrid, al bajar de rango a la vicepresidencia de Podemos, que con Iglesias era la segunda y ahora con doña Yolanda pasa a ser la tercera, para evitar que la ministra de Trabajo quede por encima de Calviño en la jerarquía.

Aun a pesar de esas y otras fricciones reiteradas estos días, y a pesar de la bronca parlamentaria, las medidas resultaron finalmente convalidadas por el Congreso, con el apoyo de 177 diputados, por 50 votos contrarios –nuevamente votaron lo mismo los de Vox y los de Junts– y con la abstención de los partidos que no forman parte del bloque del Gobierno, pero comparten la necesidad de las ayudas a empresas y autónomos.

Ahora hay que ver qué sucederá en su aplicación práctica, cuánto tardarán en tramitarse y si llegaran realmente a quienes más la necesitan. Las empresas y autónomos de Canarias las esperan como agua de mayo, especialmente después del pequeño gran fiasco que han resultado ser las ayudas del Gobierno regional. A dos semanas de abrirse el plazo para presentarlas, apenas un ocho por ciento de las empresas que estarían en condiciones de reclamarlas se han decidido a acudir a la convocatoria pública, por 85 millones, de los que 18 serán para autónomos, gestionadas por el Servicio Canario de Empleo, y 66 para pymes, gestionados por la dirección general de Promoción Económica. Muchísimas empresas de las islas cumplen con el principal requisito para poder tener acceso a las ayudas directas promovidas por el Gobierno del Pacto de las flores, que es haber perdido en los seis últimos meses de 2020 al menos un 30 por ciento de facturación en relación con los últimos seis meses de 2019. En los primeros dos o tres días desde que se abrió el plazo se presentaron casi 8.000 solicitudes, pero en los 12 días siguientes, sólo se han incorporado otras 4.000 solicitudes, hasta alcanzar unas 12.000, un pequeñísimo porcentaje de las más de 152.000 empresas y negocios que constituyen el tejido económico de las islas. De acuerdo con la convocatoria, el grueso de las cantidades que se concedan irá necesariamente a pagar las deudas con los proveedores, especialmente de servicios –agua, luz, alquileres, seguros…– con lo que es difícil que las empresas puedan aguantar seis meses más de actividad. Además, la construcción o el comercio mayorista, han quedado excluidas de la convocatoria, las cuantías escasas y el papeleo excesivo.

Lo dicho: la mayoría de las empresas y autónomos esperaran al maná de Madrid, doce veces mayor. Como agua de mayo, para quienes consigan llegar a mayo.

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