Otro artículo sobre el transfuguismo… y van. Es que no hay forma de acabar con ese mal de la política, de nuestra democracia, con ese fenómeno que contribuye al deterioro y a la inestabilidad institucional, capaz de alterar la voluntad de los votantes. Nada que objetar, desde luego, a la censura y a su empleo, siempre y cuando se cumplan requisitos y formalidades. Pero promotores y ejecutores han de pensarlo muy bien y expresarlo de forma muy bien argumentada antes de firmar el escrito y pasar por el registro, calculando todos los riesgos y pensando, sobre todo, en el día después, en las repercusiones propias y externas.
Culpables son los partidos políticos pero no porque sus dirigentes y candidatos no sepan gestionar el tránsito de una iniciativa de este calibre –han de saber que cuando se emprende el rumbo, este queda expuesto a múltiples considerandos que se van tiñendo de variables contingencias- sino porque a pesar de mil y una reuniones, en todo tipo de foros, no han podido o no han sabido convenir un acuerdo de mínimos que, más allá de un pacto, se plasme en una ley que sirva de contención a las tentaciones y a los comportamientos irregulares y reprobables desde este ángulo político, esto es, concurrir a unas elecciones en una candidatura y desechar las siglas en las que una parte del electorado depositó su confianza.
Claro, este es el quid, al menos desde las reglas actuales: que se modifique la ley, de modo que esté bien claro que el acta no pertenece a la persona que la haya obtenido sino a la candidatura del partido o agrupación de electores con la que concurrió. Mientras esa interpretación siga siendo un limbo o tenga una inclinación judicial muy clara a favor de las personas, no hay nada que hacer. Seguirá el terreno cenagoso, por mucha singularidad de las circunstancias que concurran. Con lo fácil que sería devolver el acta: sí, sí. Cuando hay disconformidad con directrices o posiciones debatidas y fijadas de forma democrática en el seno de la formación política, lo consecuente sería restituir a la organización política con la que se participó en un proceso electoral la prueba que acredita lo que el escrutinio electoral ha determinado. Una renuncia, el paso al costado y la inmediata sustitución por el siguiente de la lista. O por quien determine la organización, que también podría ser.
Los partidos políticos tienen sus intereses, legítimos bueno fuera, y siendo su papel constitucional el de canalizar los derechos de participación activa, se han de respetar sus decisiones. Pero apenas se ha avanzado en la erradicación de males que dañan la esencia misma de la democracia. Todavía no han aprendido –y ya van unas cuantas mociones- y terminan llevándose las manos a la cabeza, cuando solo queda margen para el espectáculo político, para las especulaciones y para acentuar la desmotivación a medida que circulan declaraciones en modo dislate o van aflorando eso que se llama trapos sucios y miserias personales. Por esos intereses tendrían que hacer un esfuerzo común: acabar con vacíos o criterios que chocan claramente con el beneficio colectivo, con el respeto a la voluntad popular, con la calidad democrática. No más pactos inútiles, por tanto. Leyes equilibradas y operativas, sin miedo a segundas vueltas. A lo que hay que temer es a la imposición y la corrupción que adulteren resultados electorales y manipulen figuras tan sensibles y necesarias como la censura.
Añade un comentario