FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Un año después | Francisco Pomares

Un año después de aquél día que nos cogió a todos con el pie cambiado, somos muchas cosas distintas, pero sobre todo somos menos. 92.000 personas menos de las que deberíamos ser. 92.000 personas fallecidas por encima de las cifras del año anterior. 92.000 muertos de los que Sanidad sólo contabiliza y acepta como muertos del Covid 72.000.

Esa cifra, por si sola, nos dice no sólo que España es uno de los países en los que ha muerto más gente por la pandemia. Lo somos, pero también es España uno de los países con más exceso de fallecidos registrados durante este año en relación con los años pasados, casi un muerto más por cada cuatro de los que se produjeron de media los cuatro años anteriores, entre 2015 y 2019. Pasamos de 400.000 muertos en 2019 a casi 500.000 en 2020.

Las defunciones registradas en estos meses suponen la sexta peor cifra de entre los países de Europa y aquellos del resto del planeta que cuentan con más de cinco millones de habitantes. De Europa sólo nos superan en la lista Eslovenia y Polonia, y en el mundo, nuestro porcentaje de exceso de mortalidad es idéntico al de EEUU, dónde los datos rozaron lo catastrófico y escandaloso. Y son –en porcentaje– exactamente iguales a los nuestros.

Durante años España presumió de tener uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Quizás fuera cierto en cuanto a la universalidad del acceso a la atención sanitaria, pero desde luego no lo fue en su capacidad de reacción ante la pandemia, a pesar del enorme sacrificio realizado por miles de médicos y sanitarios que se jugaron la vida sin apenas ayuda del Estado. Los mecanismos para responder a la pandemia no funcionaron y el sistema autonómico se demostró absolutamente ineficaz para reaccionar a tiempo.

Una de las cosas que deberíamos haber aprendido es la necesidad de que el sistema público de salud cuente con mecanismos centralizados de coordinación, dependientes del Ministerio de Sanidad. Las enfermedades se saltan fronteras sin necesidad de pasaporte y no necesitan interpretar las regulaciones de los Estatutos de Autonomía. Este virus mata a la gente sin importarle el idioma que hable, los impuestos que pague o la enseñanza que recibe.

Pasado un año desde que empezó el desastre, la primera lección de la pandemia debiera ser que las enfermedades no se combaten eficazmente con una veintena de regulaciones diferentes y a veces contradictorias. Pero ese debate –uno de los debates clave para la organización sanitaria del país- está absolutamente fuera de las preocupaciones de nuestros dirigentes.

Quien se atreva a ponerlo en marcha será tachado de centralista y antiautonomista, cuando no de nacionalista español o facha. Y es un asunto que el Gobierno tiene que plantear. Entre otras cosas, nos ayudaría a evitar mantener la ficción de un estado de alarma que tiene como objetivos básicos acelerar procedimientos administrativos de compra y sortear leyes y reglamentaciones regionales.

Sanidad centralizó la compra de suministros, respiradores, medidas de protección, pero aún así el aprovisionamiento resultó un caos pavoroso. Algún día habrá que investigar las cosas que se hicieron mal, y porqué se hicieron tan mal. Quizá nos sirva para evitar que vuelva a ocurrir.

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