FIRMAS Salvador García

OPINIÓN | Estándares medioambientales y derechos humanos | Salvador García Llanos

Con tanto vaivén, con tanto ruido, no se ve el bosque de las noticias serias, de los hechos importantes que repercuten, al menos en teoría, en la convivencia y en la calidad de vida de los ciudadanos. Por ejemplo: el Parlamento Europeo (PE) aprobó esta misma semana una nueva legislación que obligará a las empresas a respetar estándares medioambientales y de derechos humanos en sus cadenas de producción.

Con una abrumadora mayoría, la Cámara reclama la aplicación de una normativa vinculante en el ámbito de la Unión Europea (UE) que asegure que las compañías son responsables y serán sancionadas cuando produzcan un daño o contribuyan a generarlo en el campo de los derechos humanos, el medio ambiente o la gobernanza. En este contexto, los eurodiputados también se han mostrado partidarios de garantizar el derecho a la vía judicial.

Se trata de profundizar en la sostenibilidad y buena gobernanza, es decir, que las empresas y corporaciones se vean obligadas a identificar, acometer y corregir los impactos adversos potenciales o efectivos sobre los derechos humanos, incluidos los derechos sociales, laborales y sindicales, el medio ambiente (por ejemplo, si contribuyen al cambio climático o la deforestación) y la buena gobernanza (digamos que la corrupción, sobornos y prácticas de dudosa ética) en su cadena de valor.

Objetivo pues: implantar reglas vinculantes sobre diligencia debida, esto es, un instrumento preventivo que obliga a las empresas a tomar medidas proporcionales basadas en la probabilidad y gravedad del daño, el sector de actividad, el tamaño y la extensión de la cadena de valor, así como el tamaño de la entidad.

La importancia de la iniciativa y del acuerdo del PE viene dada por su repercusión en el desempeño de las empresas quieran operar en el marco de la Unión Europea. El Parlamento pide medidas adicionales, incluida la prohibición de la importación de productos vinculados a graves violaciones, como el trabajo infantil o forzoso. Los acuerdos comerciales de la UE deben incluir estos objetivos. Se cita como ejemplo la petición de los eurodiputados dirigida a la Comisión para que evalúe si las empresas de la región china de Xinjiang que exportan a la UE están implicadas en vulneraciones de los derechos humanos. Para garantizar el derecho de las víctimas a obtener reparación, las empresas serán consideradas legalmente responsables por sus acciones y podrán ser sancionadas por el daño causado o su contribución, a no ser que puedan demostrar que actuaron en línea con las obligaciones de diligencia debida y tomado medidas para evitar el efecto adverso. Los derechos de las víctimas en terceros países, especialmente vulnerables, también deberán quedar mejor protegidos, ya que podrán recurrir a los tribunales en virtud de la legislación de la UE.

En definitiva, estamos ante un punto de inflexión que obligará a responsables y organizaciones empresariales a actuar con mucho rigor porque las exigencias serán notables a medida que aparezcan y vayan evolucionando los escenarios posteriores a la emergencia sanitaria.

La eurodiputada de Países Bajos, Lara Wolters, perteneciente a la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, declaró, tras el acuerdo alcanzado, que “La nueva legislación sobre diligencia debida tiene que fijar estándares para una conducta empresarial responsable dentro y fuera de Europa. No podemos aceptar que la deforestación o el trabajo forzoso sean parte de la cadena global de suministro. Las empresas deben hacer lo necesario para evitar que su actividad provoque daños a las personas y al planeta. Las reglas también deben dar a las víctimas el derecho a recibir asistencia y buscar compensación, garantizando a la vez condiciones equitativas y seguridad jurídica a las empresas”.

Se quiere, por último, que las condiciones de competencia sean justas, también para aquellas firmas bancarias que ofrecen servicios financieros. Las reglas también deberán aplicarse a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que cotizan en bolsa y las pequeñas y medianas empresas de alto riesgo, que deberían recibir ayuda técnica para cumplir los requisitos.

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