FIRMAS Juan Miguel Munguía Torres

OPINIÓN | protección e incoherencia | Juan Miguel Munguía

El Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, a iniciativa del Ministerio de Consumo. Este Real Decreto-ley, con solo unos días de vida, ha dado lugar a ríos de tinta, y no solo en el mundo jurídico.

Principalmente por que en aquellos otros procesos penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para ello, «el juez tendrá la facultad de suspender el lanzamiento hasta la finalización del estado de alarma en aquellos casos que afecten a personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional.”

Con esta modificación se permite que se interrumpa el lanzamiento del okupa cuando, como es habitual, se ha entrado y ocupado la vivienda rompiendo y forzando la entrada de la misma.

Por regla general, no obstante, la okupación seguirá sin tener cobertura jurídica en las primeras o segundas residencias. Tampoco, cuando el inmueble sea hogar habitual de una persona física en régimen de cesión, por ejemplo. Para poder permanecer en la vivienda, que siempre deberá ser de un gran tenedor (personas jurídicas o personas físicas con más de 10 inmuebles en propiedad), el okupa también deberá demostrar su situación de vulnerabilidad. Y la medida puede tener un mayor impacto sobre los grandes tenedores de vivienda, como bancos o fondos, ya que son sus inmuebles los que suelen okuparse aprovechando que suelen estar deshabitados y «en ellos no es necesario emplear lo que se entiende como violencia o intimidación».

La nueva publicación del BOE también cuenta con una segunda modificación por la que se amplía a las propiedades de personas jurídicas la posibilidad de desahuciar en caso de que el inmueble “lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada”. Antes, en este apartado solo entraban las viviendas de personas físicas.

Po último la prohibición del desahucio hasta el 9 de mayo, que tiene que ser ordenada por un juez tras recibir los respectivos informes de los servicios sociales, está contemplada únicamente para las familias económicamente vulnerables sin alternativa habitacional, además de para las personas dependientes, los hogares en los que vivan menores de edad o las mujeres víctimas de violencia de género.

Fuentes oficiales del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), con competencias en materia de vivienda, explican a este periódico que los cambios en la norma se han llevado a cabo únicamente para «proteger a menores, personas dependientes y mujeres víctimas de violencia de género, así como a familias con menores o dependientes a su cargo”. Se andará.

 

munguia@munguiaabogados.com

 

 

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