FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Se acabó la fiesta | Francisco Pomares

La fiscal María Farnés Martínez ha archivado la denuncia del concejal santacrucero Ramón Trujillo contra Radio Club Tenerife por supuestas irregularidades en la sustitución del cantante Sebastián Yatra por Carlos Baute en el concierto del Carnaval 2018. La denuncia ahora desestimada se produjo en el contexto de una serie de intervenciones contra la emisora Radio Club por parte de instancias políticas municipales, que fueron jaleadas por medios cercanos a la alcaldía y por los seguidores en redes de Patricia Hernández.

Después de requerir información a Radio Club y a los responsables de Fiestas, la Fiscalía ha dado finalmente carpetazo al asunto, asegurando que en base al pliego de condiciones administrativas, el contratista se obliga a sustituir al cantante previsto por otro –de igual renombre artístico y similar caché–, en caso de que el primero no pudiera actuar. El caso se desmonta tras entender la Fiscalía que lo que debía pagarse a Yatra fue abonado a Carlos Baute por su actuación, con lo que “no queda acreditado que se haya producido un perjuicio económico” y los hechos “no pueden ser considerados constitutivos de infracción penal alguna”.

Es esta la segunda vez que la Fiscalía decide archivar las diligencias preliminares de investigaciones abiertas por denuncias de Trujillo contra Radio Club. La primera fue sobre la contratación de Juan Luis Guerra durante el Carnaval de Día en marzo de 2019. El archivo, a finales de octubre del pasado año, se produjo entonces por motivos prácticamente idénticos a los que han llevado a este segundo archivo. Pero en el tiempo que va desde la presentación de la primera denuncia por el concejal de Unidas Podemos hasta el archivo de diligencias –un año y tres meses– Radio Club y su directora, Lourdes Santana, fueron sometidas a una brutal campaña de desprestigio –más de una decena de portadas y un centenar largo de piezas informativas– por parte de los medios cercanos al equipo de Patricia Hernández.

Se trata de una práctica cada día más recurrente: la necesidad de los medios de dedicarse a actividades publicitarias organizando eventos o conciertos –algo generalizado desde hace años ante la creciente reducción de la publicidad– desarrolla vínculos económicos entre las instituciones y los medios, a veces contratados de manera forzada, precipitada o ilegal. En ese contexto, un grupo político, o un equipo de gobierno, o un líder partidario que no se siente bien tratado por un medio al que considera cercano a otras opciones políticas, procede a denunciar, aportando casi siempre indicios insuficientes, que son sin embargo exagerados y distorsionados por los medios de la competencia y presentados como pruebas cuando solo son meras sospechas. La superchería se sostiene durante el tiempo que una Justicia lenta y morosa tarda en procesar la información que recibe, con un sistema de garantías que en nuestra sociedad –acostumbrada a desconfiar–, suele favorecer al acusador y perjudicar al denunciado. Cuando la Justicia se pronuncia finalmente, los centenares de informaciones exageradas, construidas para dañar o directamente falsas, se diluyen en un breve minúsculo, colgado en las páginas de los medios alborotadores, mientras los denunciantes se amparan en su derecho a la duda. Es un mal sistema que tiende a extenderse y contagiar a quienes se sienten agredidos. Al final, el desprestigio que la judicialización trajo a la política puede acabar infectando también a la información…

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